1. La propaganda del ministerio español de Exteriores para contrarrestar el informe de la comisión de Asuntos Legales del Consejo de Europa es propia de una dictadura. El ministerio tergiversó las conclusiones del informe con un tuit en el que aseguraba, sin enrojecer, que "avala la actuación" de España en relación con los presos políticos. En todas las luchas políticas son tan importantes los hechos como el relato que se elabora de ellos. De ahí el trasiego de columnistas que últimamente afecta al principal diario del unionismo catalán. Conviene cerrar filas para que la gota china de la rendición agujeree el relato de la resistencia independentista. Se trata de dar marcha atrás y volver a 2006, como defendía en una entrevista en el mismo medio Jordi Pujol. Los hay que perdonan antes la corrupción, moral o dineraria, que el independentismo. Ver como van del brazo antiguos enemigos políticos forma parte del patetismo actual. La historia de buenos y malos inunda las columnas de estos nuevos "guardianes de la ortodoxia" que antes lo eran —¡oh, qué casualidad!— del régimen corrupto de los Pujol.

2. Nos guste o no, Carles Puigdemont ha ganado muchas más batallas que cualquiera de los presos políticos. Su libertad de movimientos le ha permitido encarar la pugna legal con el Estado español en mejores condiciones que ningún otro perseguido. España es uno de los estados fuertes de la UE, sobre todo por su peso demográfico más que político, pero las instituciones europeas no pueden permitirse el lujo de amparar las malas prácticas judiciales o la limitación de las libertades políticas y los derechos humanos. Cuando lo permite, cuando deja que España persiga políticos por sus ideas, que los fiscales y los jueces transforman en delitos, enseguida le han salido al paso los representantes de las dictaduras encubiertas (Rusia, Turquía, Marruecos, entre otros) para recriminarle la hipocresía. Los relatores de la “nueva normalidad” apremian al gobierno de Pedro Sánchez para que tramite el indulto de los nueve presos políticos, como si esto fuera la panacea universal, para evitar que España se parezca cada día más a Hungría, Polonia o Bulgaria. Exceptuando a los partisanos de la rendición, la gente normal y corriente sabe —o intuye— que unos indultos parciales y reversibles no son una buena solución. Son un parche. Pero es que, de momento, los indultos son una fake news unionista.

En todas las luchas políticas son tan importantes los hechos como el relato que se elabora de ellos

3. Si el gobierno de Pedro Sánchez fuera realmente progresista, seguiría las recomendaciones del informe del Consejo de Europa, que no solo reclama "indultar o liberar de la cárcel" a los presos políticos, sino también "considerar la posibilidad de abandonar los procesos de extradición" que pesan sobre Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. La comisión va todavía más allá y reclama retirar las acusaciones contra los funcionarios de bajo rango incluidos en la causa del 1-O y "abstenerse de sancionar a los sucesores de los encarcelados por acciones simbólicas que solo expresan su solidaridad con los detenidos", en referencia al expresidente Quim Torra. El coste de hacer todo esto seria para Sánchez tan o tan poco elevado como admitir que la solución real es la amnistía. Si Sánchez no opta por esta vía, ahora que tiene al PP acorralado por los casos de corrupción, es porque realmente no cree ella. La propaganda ministerial lo demuestra. Sánchez quiere rendición y mantener el castigo para condicionar la actuación de los presos políticos cuando salgan a la calle. Juan Carlos Monedero o Jaume Asens vienen a decir lo mismo cuando reclaman al independentismo la renuncia explícita a la unilateralidad, como si este fuera el problema, a cambio del indulto. Tenía razón Montaigne cuando decía que, si no ahondas en la inteligencia y la conciencia, actuar no tiene sentido. Hay que tener muy poca conciencia democrática para exigir a un preso que intercambie una idea política por una medida de gracia. Después van defendiendo por el mundo que en España no hay presos políticos. Espero que esta gente no llegue a los extremos del dictador bielorruso, Aleksandr Lukashenko, y organice una confesión televisada de autoinculpación, como él obligó a realizar al periodista Roman Protasevich, de los 9 del 1-O.

4. Soy uno de los 120 historiadores, asociaciones y víctimas de ETA que firmaron la iniciativa de Pili Zabala para reclamar que se investigara a Felipe González por el asunto de los GAL. Zabala, hermana de una de las víctimas del terrorismo de Estado y excabeza de cartel de Podemos en el País Vasco, seguramente ya sabía que la Audiencia Nacional, sucesora del TOP franquista, desestimaría la demanda, si bien no con la excusa de la prescripción del delito. Los delitos de lesa humanidad no prescriben jamás, pero, vaya, Spain is different. Zabala sabe, como sabemos todos los historiadores, que también existen los “asesinos de la memoria”, en feliz expresión de Pierre Vidal-Naquet, incluso en las filas de su antiguo partido. Las memorias de ultratumba, a veces enterradas bajo cal viva, son recuperadas por los vivos que luchan y no se rinden. El combate para dominar el relato sobre la democracia española, que llega hasta hoy en día y tiene muchos cómplices entre los antiindependentistas y los neoautonomistas, no permite sentar en el banquillo de los acusados a Felipe González, como la transición impidió juzgar a los franquistas (a los siete fundadores del PP, por ejemplo) que han contribuido a carcomer la democracia (que ellos rebajan al hablar solo de constitucionalismo) desde dentro. La memoria selectiva de quienes querrían que olvidáramos el 1-O y la represión, es una forma de arruinar el presente.

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