Estamos llegando al final de otra campaña electoral excepcional. La historia contemporánea de Catalunya nos enseña que ha habido votaciones con una gran trascendencia. La del 16 de febrero de 1936 seguramente fue tan dramática como la del 21 de diciembre de 2017 y la que se celebrará el domingo, porque en los tres casos el Govern de la Generalitat estaba encarcelado o en el exilio. La diferencia entre la campaña de 1936 y la de ahora es que la reivindicación de la amnistía por parte del Front d’Esquerres —que incluía desde los liberales de Acció Catalana Republicana hasta los estalinistas del Partit Comunista de Catalunya— recibía el apoyo del Frente Popular español, con Manuel Azaña al frente. En estos momentos, en cambio, ningún partido progresista español defiende la amnistía de los encausados a raíz del 1-O. El PSC quiere pasar página a la primera década soberanista, como insistió una y otra vez su candidato —tutelado, él sí, por Moncloa—, sin resolver el meollo de la cuestión política. Es contradictorio reclamar el consenso y al mismo tiempo prescindir de la realidad represiva. Los socialistas proceden como hizo Mariano Rajoy durante años y ningunean nuevamente la fuerza del independentismo. La represión contra 3.000 personas no se arregla con un indulto para los nueve políticos presos y para los exiliados, ni deshace el empate técnico entre independentistas y unionistas. El seguidismo de los socialistas respecto del PP y Cs cerró las vías de diálogo que solo se reabrieron, con trampa incorporada, para que ERC tuviera una mínima justificación para investir a Pedro Sánchez y aprobar los presupuestos más centralistas de los últimos tiempos. También es cierto que ERC tiene una tendencia histórica al jacobinismo y ya le parece bien. Además, como ya observó Albert Camus, “siempre hay una filosofía para la falta de valor”.

El debate electoral en TV3 fue otra demostración de hasta qué punto se puede alterar la realidad. Para empezar, que Vox estuviera presente en el debate cuando no tiene representación institucional en Catalunya, ya demuestra que la sumisión catalana es mental antes que política. Si los medios catalanes de comunicación públicos se rigieran por lo que ocurre en el Parlament de Catalunya y en los ayuntamientos y no en el Congreso de los Diputados, el grupo que debería haber asistido al debate es Primàries de Catalunya, pues en las elecciones municipales de 2019 consiguió 26 concejales en toda Catalunya y una alcaldía, la de Alcoletge, un municipio de 3.435 habitantes de la comarca del Segrià. Son pocos en relación con los más de nueve mil concejales distribuidos entres los municipios catalanes, pero es que Vox no tiene ni uno. La otra mentira es que el PDeCAT sea realmente el segundo partido de la cámara catalana. Tiene los derechos electorales de la antigua candidatura encabezada por Carles Puigdemont, pero desde que se escindieron y renunciaron a los postulados con los que Junts per Catalunya ganó las elecciones del 21-D, la estafa política es de primer orden. Pero la gente tiene memoria y el 14-F el partido de Artur Mas puede iniciar el camino de su extinción definitiva. Cada cual elige cómo morir. Aun así, la candidata de Junts, Laura Borràs, tuvo un protagonismo inversamente proporcional a la última posición que le otorgó TV3 (otra vez condicionada por la composición del Congreso). Lo obtuvo más todavía cuando anunció que si es presidenta ofrecerá la Conselleria de Salut al doctor Josep Maria Argimon. Estoy contento porque por una vez en la vida alguien toma en consideración la propuesta que hice en un artículo reciente de que el próximo gobierno nombrara conseller a este médico que ha demostrado ser un gestor y un comunicador eficaz, por encima de sus superiores jerárquicos actuales.

La línea divisoria entre las diversas opciones solo es una: la que separa a los rupturistas de los que están dispuestos a pasar página, sea en la versión unionista de izquierdas o de derechas. Entre las opciones independentistas, lo que separa el independentismo low cost, también de derechas o de izquierdas, del independentismo rupturista de Junts es cómo combatir al unionismo

Vox es un esqueje del PP, pero parece ser que en Catalunya se alimenta de unos votantes que, coincidiendo con lo ocurrido en otros lares, antes votaban a los partidos de izquierda. La previsible derrota de Ciudadanos, que ha sido incapaz de rentabilizar haber quedado en primer lugar el 21-D, también contribuirá a alimentar a un partido que es, por definición, neofranquista y que puede provocarle un disgusto al PSC con un populismo tan del gusto de una parte del voto españolista de los socialistas. La originalidad de la situación también se pudo observar en el debate cuando quien más se confrontó con la extrema derecha fue, precisamente, el candidato del PP, el partido que incubó el huevo de la serpiente, fundado por siete ministros franquistas, y que ahora ve como una de sus ramas le quiere quitar el puesto. Si Ciudadanos convirtió el Parlament en un plató de televisión, la presencia de Vox en la cámara catalana puede provocar el caos si realmente supera al PP en número de escaños y pisa los talones a Ciudadanos. La competencia entre los tres partidos de la derecha unionista será feroz e incluso, atendiendo a la inquina que se profesan, pueden acabar estrellándose. No debe escandalizarnos que en el Parlament haya fascistas. Si Catalunya fuera realmente un estado, tendría una extrema derecha propia y Garriga defendería con el catalán que habla perfectamente, a pesar de que se niegue a usarlo en un debate televisivo, las mismas ideas intolerantes y xenófobas que exhibió la pasada noche.

Quedan dos días de campaña y la jornada de reflexión antes de que el domingo vayamos a votar. La línea divisoria entre las diversas opciones solo es una: la que separa a los rupturistas de los que están dispuestos a pasar página, sea en la versión unionista de izquierdas o de derechas. Entre las opciones independentistas, lo que separa el independentismo low cost, también de derechas o de izquierdas, del independentismo rupturista de Junts es, precisamente, cómo combatir al unionismo. Cualquier elector sensato que haya seguido con más o menos pasión el debate en TV3 habrá podido constatar que la candidata de la CUP no es que esté verde, es que sencillamente recita tópicos, critica el independentismo low cost y el rupturista sin exponer realmente cuál es su vía. Me recordó a aquella CUP que la noche electoral proclamaba que se había perdido el plebiscito y después se convirtió en el acelerador del proceso reclamando los dieciocho meses para celebrar el referéndum a cambio de no dejar en la estacada al president Puigdemont. Los antisistema son el refugio de los electores que, por encima de todo, son antipolíticos y no son capaces de evaluar cuáles son las consecuencias de debilitar el eje central del independentismo. Por lo tanto, o Borràs o Aragonés, porque no hay otra alternativa.

El juego de los inmovilistas siempre ha sido afirmar que es imposible cambiar nada mientras trabajan para hacerlo imposible, incluso utilizando la existencia de la represión unionista para apelar al retroceso. Mientras pedalees, la bicicleta no se caerá. En un artículo publicado en The Guardian, Neal Lawson, que es director del grupo de opinión de centroizquierda Compass, recomendaba a los laboristas británicos que negociaran con Nicola Sturgeon la convocatoria de un nuevo referéndum si realmente querían acabar con el conflicto. La líder del SNP no se ha bajado del burro e incluso ha llegado a decir que estaba dispuesta a organizar un referéndum “a la catalana”. Por eso está fuerte. Mientras los gobiernos de Madrid o de Londres no estén dispuestos a negociar la celebración de un referéndum con todas las garantías, la única vía es confrontarse con el Estado y no rendirse. Decía Sartre que la imposibilidad a menudo se da por nuestra libre renuncia. Tenía razón, porque nada es imposible si uno no renuncia a ello. Ustedes ya saben lo que pienso, pero lo escribiré con todas las letras: Laura Borràs puede convertirse el domingo por la noche en la Sturgeon que este país necesita. Ruptura y gestión tienen que formar parte del mismo programa político para el día siguiente del 14-F. La cuestión no será si los independentistas son muchos o pocos, sino si son capaces de derrotar al Estado denunciando la discriminación y su intolerancia. La independencia no parará la pandemia, pero al menos permitiría disponer de los instrumentos legislativos —esas famosas 40 leyes sociales recurridas ante el TC y muchas más— y del dinero que se genera con el esfuerzo fiscal de los catalanes para atacarla con garantías de éxito.

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