Miembros de la PAH aplauden la aprobación en el Parlamento del decreto de medidas urgentes para la vivienda en febrero del año pasado ©ACN.

Miembros de la PAH aplauden la aprobación en el Parlamento del decreto de medidas urgentes para la vivienda en febrero del año pasado ©ACN.

1. Si eres realmente progresista, lo suyo es que estés a favor de la independencia de Catalunya. El autoproclamado constitucionalismo —que no es otra cosa que el españolismo de toda la vida que se opone a resolver el conflicto actual por la vía de la autodeterminación—, recurre reiteradamente al Tribunal Constitucional para ahogar el autogobierno. La semana pasada se pudo volver a ver cuando el alto tribunal dejó sin efecto el decreto de medidas urgentes para la mejora del acceso a la vivienda, el decreto 17/2019, aprobado por el gobierno de la Generalitat en diciembre de 2019 y ratificado por el Parlamento en febrero de 2020. El nuevo decreto ampliaba algunos supuestos de la ley 25/2015 y obligaba a los grandes tenedores —bancos, fondos de inversión y propietarios con más de 15 viviendas— a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables en los casos de extinción de contrato, pero también en los de ocupación ilegal de una vivienda vacía, además de ampliar la duración de los alquileres sociales de tres a siete años prorrogables. No existen dos Catalunyas, una que lucha por la libertad y otra que juzga esta lucha. El estado unifica Catalunya —los ciudadanos de Catalunya, si se quiere plantear así— en una misma discriminación.

2. El instigador del recurso fue el PP, pero habría podido ser el PSC (que se abstuvo en la votación parlamentaria de convalidación del decreto), con argumentos diferentes, pero con una misma filosofía: el decreto se otorga unas competencias que la Generalitat no tiene y que son exclusivas, según los jueces y los unionistas, del estado. Los favorables al recurso se escudan en que el Consejo de Garantías Estatutarias puso en entredicho la constitucionalidad de la norma. Pero el informe de este órgano consultivo es precisamente el mejor argumento para defender la independencia. Si no puedes regular la vivienda como tú consideras mejor, según el consenso social mayoritario, ¿para que sirve un parlamento autonómico? Los impulsores de la ley 25/2015, entre los cuales estaban la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética, próximos a En Comú-Podem, denuncian ahora “el ataque del PP y la pasividad del PSOE” ante el descalabro social que representa la anulación del decreto, pero después reclaman un gobierno de izquierdas con el PSC. Solo un país sin el corsé del régimen del 78 podrá ser realmente soberano para hacer y deshacer el que una mayoría social determine. El centralismo es la esencia del unionismo de izquierdas.

No existen dos Catalunyas, una que lucha por la libertad y otra que juzga esta lucha. El estado unifica Catalunya —los ciudadanos de Catalunya, si se quiere plantear así— en una misma discriminación.

3. Si el Sindicato de Arrendatarios quiere realmente que “se respete el Parlamento y la soberanía popular” ante la posible declaración de inconstitucionalidad de la ley 11/2020 que regula los precios del alquiler y que el PP también a recurrido ante el TC, que ya ha admitido a trámite el recurso, la única vía es apuntarse al soberanismo y que el Parlamento de Catalunya sea un poder legislativo soberano de verdad y no la feria de las vanidades que es ahora mismo. Todos los progres (que no deben confundirse con los progresistas) que recelan de la independencia por temor que el país resultante no sea suficiente de izquierdas, aquí tienen un buen ejemplo del coste de la dependencia. El actual gobierno de coalición independentista fue el promotor del decreto anulado por el TC y de la ley que el PP ha recurrido. Por lo tanto, es inútil preocuparse por el futuro. Al contrario, un gobierno de coalición autonomista, con el PSC de por medio, no rompería con la dependencia congénita derivada del cincel constitucional. Una Catalunya independiente, pues, tendría capacidad para regular las normas que rigen el poder judicial y así se acabarían las injerencias estatales.

4. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon (a quien el próximo gobierno independentista debería elevar al rango de consejero), no se cansa de repetir que “si fuéramos Alemania tomaríamos medidas más estrictas ante la pandemia porque podríamos dar más apoyo a la economía”. No se trata solo de ser un país rico -lo seríamos si no sufriéramos un expolio fiscal sistémico y prolongado- sino de la capacidad de la Generalitat de poder tomar medidas que el estado se reserva como propias y exclusivas. La pandemia ha demostrado que los estados centralizados y jacobinos son menos eficaces que un estado federal de verdad cómo es Alemania. La centralización ha provocado que Catalunya dejase de recibir unas 40.000 dosis de la vacuna contra el covid-19, que correspondían sobre todo a primeras dosis, según el secretario general del departamento de Salud, Marc Ramentol, dado que el estado se reserva (con gran propaganda patriótica) la competencia de decidir sobre cualquier cosa. Si bien eso es cierto, la Generalitat también tendría que ser más ágil y responsable cuando pide sacrificios a las personas, pues a menudo no es capaz de ofrecer las ayudas sociales con celeridad y sin hacer trampas, como por ejemplo otorgar una subvención y retener al mismo tiempo los impuestos, lo que deja la ayuda en casi nada.

La pandemia y las limitaciones legislativas y fiscales de la Generalitat de Cataluña han vuelto a poner en claro que la autonomía no es el instrumento para construir un país moderno

5. La crisis económica y social derivada de la pandemia es extraordinaria. La caída de un 11% del PIB español en 2020, la más importante desde el 1936, abre un escenario horroroso, puesto que el centralismo español y la lentitud en la vacunación harán difícil una rápida recuperación. Con la que está cayendo, nada va a ser fácil. La pandemia y las limitaciones legislativas y fiscales de la Generalitat de Cataluña han vuelto a poner en claro que la autonomía no es el instrumento para construir un país moderno, avanzado socialmente, y tan soberano como pueden serlo los veintisiete estados de la UE. El PIB alemán cayó en 2020 un 5,0% y no fue por qué sí, porque los alemanes sean, como se decía antes, una raza superior. Si un país no es soberano para regular el gasto social y elaborar leyes y decretos que protejan el bienestar, es imposible que progrese. Esta semana también hemos constatado la desvergüenza del “gobierno más progresista del mundo”: Vox salió al rescate de Pedro Sánchez para convalidar en el Congreso de los Diputados el decreto de gestión de los fondos europeos antipandemia. Todo el mundo debería tomar nota de ello. La clave de la independencia es abandonar el pactismo mágico y rehacer la unidad popular. Vincular la soberanía con la capacidad del Govern para tomar medidas sin el corsé del centralismo. La dependencia mata en todos los sentidos y a todos, incluso a los que piensan que todo esto no les afecta. Repitámoslo: si eres progresista, la única alternativa es la independencia.

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