No pienso que fuera algo casual, pero la primera reunión frente a frente entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès coincidió con la difusión de la noticia de que el Tribunal de Cuentas reclama 5.422.411,10 euros (271.723,10 de ellos como intereses) a 34 políticos y altos cargos de la Generalitat de Catalunya. Se les acusa de malversación contable por haber destinado, supuestamente, una parte del presupuesto a la promoción exterior del proceso independentista y a la organización de la consulta del 9-N y del referéndum del 1-O. El aspecto kafkiano del caso es que el tribunal señala a la Generalitat como administración perjudicada. Las víctimas y el victimario son los mismos. El Estado se las sabe todas. Además, ha decidido utilizar una vieja técnica que desde siempre se ha usado con los animales domésticos para dominarlos. En estos momentos, el bastón es el acoso judicial a los políticos y altos cargos de la Generalitat. La zanahoria es la promesa de un diálogo que no se sabe en qué consistirá, porque Pedro Sánchez ya ha dejado claro que no piensa abordar ni la celebración de un referéndum ni la amnistía. Las dos horas largas de conversación entre Sánchez y Aragonès acabaron con el compromiso de que reemprenderán el diálogo después del verano. Poca cosa. Mientras que los republicanos se tienen que tragar el sapo, prisioneros de una apuesta estratégica que depende de la buena voluntad del PSOE y en ningún caso de ellos, los independentistas de Junts cada vez se sienten más legitimados para cuestionar una apuesta estratégica por la “normalización” que ni siquiera sirve para contener la represión del Tribunal de Cuentas. El Estado busca acabar con los líderes de la primera década soberanista desde todos los flancos. Pedro Sánchez sabe que no podrá eliminar a Puigdemont de la ecuación si a la vez no sacrifica a Junqueras. Los dos van de la mano.

Fue en un almuerzo de Navidad de 2014, en uno de esos restaurantes donde se reúne la gente de alto copete de Madrid, que quien entonces era presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, un antiguo alto cargo franquista que después sería ministro de Sanidad y Consumo del primer gobierno de José María Aznar, anunció a la hora de los postres el futuro que estaban preparando para Artur Mas: “Le vamos a arruinar”. En la capital española estaban que trinaban por el éxito de la consulta del 9-N, que no tuvo ningún tipo de consecuencia legal, pero sí política, dada la reacción española. Digan lo que digan los columnistas que siempre resaltan las debilidades del independentismo, con el 9-N empezó una carrera de fondo que no acabó bien para el independentismo en octubre de 2017. Catalunya no es hoy un estado independiente, como es obvio, pero la primera década soberanista —que no será la única— provocó un fuerte temblor de los cimientos del Estado, que fue de tal magnitud que, desde entonces, el establishment del régimen del 78 persigue al independentismo por tierra, mar y aire. La venganza es el plato fuerte de la cultura política española. Cuando un político como el conservador Romay Beccaría, que ha ocupado cargos con la dictadura y bajo la monarquía, expresa una voluntad de revancha contra Mas tan recalcitrante, es que el llamado deep state se ha dado cuenta realmente del giro soberanista del antiguo catalanismo. Les costó de creerlo, pero cuando se dieron cuenta, se mostraron implacables. Banalizar desde Catalunya la represión, las multas y cualquier sanción administrativa aplicada al independentismo porque el Estado consiguió anular la declaración de independencia de 2017 o bien porque unos cuantos políticos siembren la confusión con su ambigüedad, es una sandez. La reacción del independentismo ante la represión tiene que ser compacta.

El Estado ha decidido utilizar una vieja técnica que desde siempre se ha usado con los animales domésticos para dominarlos: el bastón es el acoso judicial a los políticos y altos cargos de la Generalitat; la zanahoria es la promesa de un diálogo que no se sabe en qué consistirá

En Madrid todavía creen en el tópico sobadísimo que asocia los catalanes con la avaricia. Echan mano de la Divina Comedia, aunque alteran el verso 77 del canto VIII del Paradiso, para resaltar “la avara povertà dei catalani”. Josep Pla ya explicó que aquel verso no hablaba de los catalanes, sino de Catalunya en un sentido elíptico, puesto que se refería a Sicilia, dominada, desde el 30 de marzo de 1282, por Pedro el Grande, el rey de la Corona de Aragón, nacido en València e hijo de Jaime I. Los prejuicios son estereotipos que resultan de estar a favor o en contra de alguien o de un colectivo. La cuestión es que en Madrid todavía creen que para doblegar la voluntad de un catalán basta con tocarle el bolsillo. El antisemitismo se basa en la misma opinión preconcebida sobre la relación enfermiza de los judíos con el dinero. Siempre pringan los mismos. Los políticos de Esquerra y de Junts, que cuya diversión parece ser que es pelearse, están pagando conjuntamente el precio más alto, con prisión y fianzas, en este embate contra un estado despótico. Las fianzas que reclama el Tribunal son injustas y pretenden rematar a los políticos, previamente inhabilitados, así como escarmentar a los altos cargos de la Generalitat.

Mientras los abogados ya han visto desestimadas las alegaciones contra el abuso de poder del Tribunal de Cuentas y la Generalitat plantea convertirse en avalador de la millonada que reclaman desde Madrid, el encuentro entre Sánchez y Aragonès por el momento no sirvió siquiera para encontrar una solución a este expolio. En la Moncloa creen que con los indultos ya han hecho incluso demasiado y que si el Estado aflojara ahora, demostraría que la fortaleza y la capacidad de movilización independentistas han conseguido debilitarlo. No frunzan el ceño. Las victorias parciales al fin y al cabo son triunfos. Ya sé que los políticos del 1-O les han decepcionado con sus dudas, que son percibidas, debido a la falta de transparencia, como engaños, pero abandonarles ahora seria regalar un as a la represión. Las batallas simbólicas, si se ganan, también son éxitos. No quiero justificar los errores de los políticos del 1-O, pero tampoco sería justo desentenderse de ellos. El Estado reacciona cuando la movilización ciudadana es fuerte y va acompañada del buen trabajo de los abogados que asisten a Carles Puigdemont. La internacionalización del conflicto, que en el caso de la arbitrariedad del Tribunal de Cuentas se ha servido del prestigio académico mundial del profesor Andreu Mas-Colell, ha provocado que hasta los unionistas más optimistas ya den por perdido el caso de la sentencia del Tribunal Supremo cuando llegue ante las instancias judiciales europeas. La decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de confirmar el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por un delito de blanqueo de capitales la vigilia del encuentro de los dos Pedro, coincidiendo con el anuncio de la razzia del Tribunal de Cuentas, forma parte de la receta del bastón que blanden los represores desde Madrid. La zanahoria es silvestre, cuando menos por ahora, y no se puede comer.

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