Ha sido necesaria una pandemia tan mortífera como la actual para ver sin filtros cómo actúa el gobierno Sánchez-Iglesias. A pesar de que Miquel Iceta y la pandilla de “personalidades” protegidas por el régimen del 78 se esfuercen en denigrar al Govern de la Generalitat, la promulgación del estado de alarma y la consiguiente centralización y usurpación de funciones de las autonomías, las grandes decisiones son responsabilidad del gobierno de España. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula los estados de alarma, excepción y sitio (conocida como la LOAES) y se promulgó sin preámbulo ni exposición de motivos, contrariamente a lo que suele ser habitual en una ley. El intento de golpe de estado del 23-F de aquel año aceleró la aprobación de una norma que, aun así, deja muy claro: “La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado” (párrafo 4 del artículo 1). No soy jurista y por tanto no entraré en disquisiciones jurídicas que no me corresponden. Solo apuntaré lo que es obvio, que la LOAES no puede modificar la estructura del Estado, regulada por la Constitución, fundamentada en el estado de las autonomías.

La Constitución del 78 está sobrevalorada, en especial en cuanto a la organización territorial. Dio origen a las autonomías pero al mismo tiempo mantuvo las provincias, que desde el 1833, como es bien sabido, son la pieza básica del poder en España, en un sentido administrativo, policial y de implantación de los colegios profesionales o de las cámaras de comercio. Las provincias son la correa de transmisión del poder del estado que más claramente ha arraigado incluso en el imaginario social. A raíz de la polémica decisión de iniciar el desconfinamiento por provincias, saltándose los gobiernos, las asambleas o los parlamentos autonómicos, Tatxo Benet (que celebro que haya podido superar la Covid-19) lanzó un tuit extraordinario sobre el comentario que el filólogo Joan Coromines hizo del título del libro de Josep Maria Espinàs Viatge al Pirineu de Lleida: “Este señor ha escrito un libro de viajes de un lugar que no existe”. Ciertamente, las provincias, así como las comarcas, como también decía otra sabia, la historiadora Núria Sales, no son para nada naturales. Son inventadas por los políticos. La inteligencia de Espinàs, junto con la circunstancia que se había acabado el franquismo, posibilitó que la reedición del libro en La Campana fuera acompañada del cambio de título: A peu pel Pallars i la Vall d'Aran (1999).

Las provincias son la correa de transmisión del poder del estado que más claramente ha arraigado incluso en el imaginario social

En 2014, la hoy diputada Aurora Madaula y servidor publicamos el libro Pàtria i progrés: La Mancomunitat de Catalunya, 1914-1924 (Comanegra). Explicábamos en él una anécdota del rey Alfonso XIII en relación con Ley de Mancomunidades que, en realidad, también estuvo pensada para ser un “café para todos”. La anécdota dice mucho sobre el pensamiento nacionalista español del monarca. Angustiado por los ataques que recibía de la derecha cavernícola y del republicanismo centralista, que veían en el decreto de constitución de las Mancomunidades la ruptura de España, el rey propuso a Cambó un intercambio de cromos para evitar que Catalunya se constituyera en un “cuerpo de estado”, como deseaba Prat de la Riba. La propuesta real consistía en intercambiar la provincia de Tarragona por la de Huesca. Parece un chiste, pero la propuesta fue hecha realmente, a pesar de que no prosperó porque era inaceptable para los nacionalistas catalanes, que popularmente todo el mundo denominaba catalanistas (es así, señor Torrent: no se afane en imitar a Alfonso XIII).

Quién nos iba a decir que el gobierno social populista de Sánchez e Iglesias sería más centralista que Núñez Feijóo, el presidente de Galicia. También es verdad que presidentes autonómicos socialistas, por ejemplo el valenciano Ximo Puig o la balear Francina Armengol, se han manifestado en contra de la decisión del gobierno español de imponer un desconfinamiento provincial, obviando completamente que los representantes del estado en las autonomías son sus presidentes. Está claro por qué lo hacen. En Catalunya solo la “jefa provincial del desconfinamiento”, la delegada Teresa Cunillera, y Miquel Iceta —que proviene del PSP de Tierno Galván, un partido que era más jacobino y español que el toro de Osborne—, defienden a capa y espada la medida gubernamental. La alcaldesa Colau actúa como lo han hecho siempre los comunes . Se aferra a una propuesta de Manuel Valls y se ofrece a cooperar con Madrid para salir de la crisis, en vez de ejercer de capital de Catalunya y añadirse a la alianza nacional —de ciudadanos y administraciones— para salir del túnel. Ay, perdón, no me acordaba de que ella es alcaldesa gracias a Ciudadanos y que la propuesta de cooperar entre todos los catalanes es del president Quim Torra, el aguafiestas de los planes descabellados del dúo Sánchez-Iglesias.

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