Hoy, 6 de febrero de 2017, es la fecha elegida por el TSJC, encabezado por su presidente Jesús María Barrientos, para iniciar el  juicio contra Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega. El alto tribunal tendrá que juzgar cinco días del año 2014, entre el 4 y el 9 de noviembre: desde el momento que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió el proceso de participación hasta el día de la votación. El tribunal se propone dirimir quién comandó la organización de la votación aquellos cinco días para después inhabilitarle. La sentencia está cantada, porque este es un juicio político y no penal. El arranque del juicio lo ha precedido, además, la espectacular Operación Pika, protagonizada por dos fiscales y la Guardia Civil. Si bien la operación ha acabado en nada, la acción performativa del pasado jueves coronó otra acción policial sin fundamento, ejecutada con la intención de amenazar a personas y generar miedo y confusión entre los sectores más remilgados del proceso.

La sentencia está cantada, porque este es un juicio político y no penal

Lo que pasó este pasado jueves es un escándalo mayúsculo, pero, desgraciadamente, hay quien siempre relativiza estos hechos porque tiene una prevención ideológica contra quien ve conculcados sus derechos por la arbitrariedad del poder. ETA asesinaba a personas inocentes, pero eso no significa que tuviéramos que permanecer indiferentes ante la tortura que se practicaba en la casa cuartel de Intxaurrondo con el permiso de Enrique Rodríguez Galindo, un coronel de la Guardia Civil, que fue condenado a 71 años de prisión por ello, y que el 2006 tuvo el estómago de publicar unas memorias repletas de mentiras con el título beatífico de Mi vida contra ETA. La editorial que le publicó el libro tuvo la cara dura de hacerle propaganda con una frase inmoral, pues la condena del coronel era firme: “Esta obra se un homenaje a las víctimas del terrorismo etarra, en boca de quien entregó los mejores años de su vida para combatir a esa organización”. Mucho progre de andar por casa hace lo mismo que la Editorial Planeta, pero al revés, cuando se trata de valorar el comportamiento de gente vinculada a la extinta CDC: antepone la sospecha sobre la financiación ilegal del partido, lo que todavía no ha sido probado por ningún tribunal, a salir en defensa de los derechos humanos de quienes son perseguidos injustamente. Deberíamos aplicar los escrúpulos morales siempre, a pesar de que haya aspectos de algunas biografías que no nos gusten o actitudes políticas que desaprobemos.

Hay mucho progre de andar por casa que, con gente vinculada a la extinta CDC, antepone la sospecha no probada a defender los derechos humanos de quienes son perseguidos injustamente

Todo el mundo sabe que el juicio por el 9-N es una pantomima, porque empieza con una acusación política cocinada en la sede del TC bajo presión del gobierno español presidido por Mariano Rajoy. Quien hoy todavía insista en considerar este juicio ajustado a la ley es que no vive en este mundo o bien ha tomado partido por el unionismo más recalcitrante. Ese es el caso, por ejemplo, del dirigente socialista Miquel Iceta, cuyo unionismo le lleva a burlarse de la movilización ciudadana a favor de los encausados por el 9-N simplemente porque no la comparte, y, en cambio, todavía no ha tenido la valentía de pedir perdón por ser miembro del partido que organizó los GAL, o bien por la escena ante las puertas de la prisión de Guadalajara que protagonizaron los principales dirigentes del PSOE, con Felipe González al frente, en solidaridad con José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, a pesar de que ya habían sido condenados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey. No sé si Iceta se desplazó hasta Guadalajara, pero el PSOE reunió unas 7.000 personas, muchas de ellas llegadas en autobuses fletados por el partido en Andalucía y Extremadura, para enorgullecerse, como Rodríguez Galindo, de haber combatido a ETA con torturas, secuestros y asesinatos.

Cualquier recomendación de prudencia es poca. El poder no recompensa los servicios de quien se muestra débil

Removiendo entre papeles antiguos, he encontrado un discurso datado el 21 de noviembre de 1931 de quien entonces era el secretario general de la Federación Catalana del PSOE, el médico Ramón Pla Armengol. Es un discurso abrupto, plagado de insultos contra Macià y los catalanistas y contra el Estatuto que entonces se tramitaba: “No saben que nosotros estamos acostumbrados a reñir batallas con enemigos muy superiores a los hombres de la Generalidad —escribía Pla en el texto de homenaje a Salvador Vidal Rosell, el líder de la UGT que había dimitido como consejero de Trabajo del primer Gobierno Macià por discrepancias sobre el Estatuto y la oficialización del catalán—, que, para darse tono, no pueden presentar otra ejecutoria que el pintoresco sainete incruento de Prats de Molló, elevado a la categoría de gesta heroica por los botafumeiros del dictadorzuelo de la casa de los Canónigos”.  Al final, Pla Armengol, Vidal Rosell y aquellos catalanistas a los que atacaban con tanta vehemencia los socialistas catalanes del PSOE acabaron en el exilio por la fuerza de las armas de un dictador de verdad, el general que vivía en el Palacio del Pardo y no en la Casa de los Canónigos. Quién ha conocido momentos como estos, e Iceta es un hombre leído, tendría que saber que cualquier recomendación de prudencia es poca. El poder no recompensa los servicios de quien se muestra débil.

Los encausados del 9-N se enfrentan a la inhabilitación porque el Estado y sus aliados en Catalunya no quieren encontrar salida democrática a un conflicto político

Los encausados del 9-N se enfrentan a la inhabilitación política porque el Estado y sus aliados en España y en Catalunya no quieren encontrar una salida democrática a lo que es un conflicto político. Reivindicar dar la voz a los ciudadanos para resolver el futuro es una opción legítima ajustada a la ley. Sólo es necesario tener voluntad política. Pero el PP actúa contra el independentismo catalán como el PSOE actuó frente al mundo abertzale, con mentalidad guerracivilista, si bien lo hace de forma mucho más sibilina y sirviéndose de la prensa amiga en Madrid y Barcelona. Al PP no le es necesario adentrarse en las cloacas del Estado para ordenar secuestros y asesinatos de soberanistas catalanes, le basta con recurrir a la justicia y dar verosimilitud jurídica a lo que es una persecución política en toda regla. Pero ya sabemos que la calidad democrática en España padece las consecuencias de su pecado original, que es ser hija del franquismo a través de la Monarquía, pero, en especial, porque los partidos españoles del régimen del 78 incuban a menudo el huevo de la serpiente cuando no saben como dar respuesta política a lo que ellos consideran un “cáncer político y social”. En los años 80, las víctimas eran otras; hoy lo es el “separatismo” al que en estos momentos ponen cara Mas, Rigau y Ortega.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat