La política conoce pocas humillaciones mayores que la de tener que firmar lo que se ha jurado combatir. Pedro Sánchez prometió durante años devolver al president Puigdemont ante los tribunales españoles; su Gobierno sostuvo que la amnistía no cabía en la Constitución, lo dijeron sus ministros, lo escribió su partido en documentos oficiales y lo repitió él mismo cuantas veces se lo preguntaron; su ecosistema mediático —una auténtica corte de corifeos perfectamente sincronizados— dedicó la legislatura entera a la caricatura del "prófugo", que no era tal; y en noviembre de 2023, ese mismo Pedro Sánchez envió a su secretario de Organización, Santos Cerdán, a Bruselas a firmar con Junts un acuerdo que incluye el concepto lawfare —del cual ahora quieren apropiarse para salvar los muebles— y el compromiso de una ley de amnistía. Conviene contar despacio cómo se llega a esa foto, porque a esa foto no se llega por generosidad: se llega por la derrota de Pedro Sánchez y su proyecto personalista.
Conviene recordar, además, con qué métodos se libró aquella campaña, porque la ferocidad no fue solo retórica. Contra el president Puigdemont y su entorno se desplegó todo el repertorio: euroórdenes sucesivas diseñadas para cazarlo en tránsito, presiones diplomáticas sobre los Estados que se negaban a entregarlo, y un espionaje masivo con el programa Pegasus —decenas de dispositivos del entorno independentista intervenidos, según documentó Citizen Lab en 2022, con abogados de la defensa incluidos entre los objetivos— que convirtió en política de Estado lo que en cualquier democracia homologable habría sido un escándalo terminal y, como si eso no fuese bastante, todo ello aderezado con procedimientos penales secretos para condicionar al president a través de su entorno e incluso de su abogado. Todo eso, sostenido durante años, no consiguió su objetivo. Y como no lo consiguió, hubo que pasar de la caza a la mesa.
Las urnas del 23 de julio de 2023 dejaron una aritmética inapelable: sin los siete votos de Junts no había investidura posible. Pero la aritmética explica la ocasión, no el resultado. Lo que explica el resultado es todo lo que esta serie lleva contado. Si las euroórdenes hubieran prosperado, si el president hubiese sido entregado, se hubiese entregado voluntariamente por cansancio o por buscar una mejora en su situación personal, condenado o simplemente doblegado, no habría existido nada que negociar ni nadie con quien hacerlo: habría habido un indulto paternalista y una rendición agradecida. Se negocia con quien conserva algo que necesitas y que no has podido arrebatarle. Seis años de victorias europeas habían convertido al supuesto "prófugo" en un actor político indestructible por la vía judicial, y esa indestructibilidad, ganada sentencia a sentencia, es la que se sentó a la mesa de Bruselas. Primera lección del acuerdo: solo negocia contigo quien no ha conseguido destruirte.
Seis años de victorias europeas habían convertido al supuesto "prófugo" en un actor político indestructible por la vía judicial, y esa indestructibilidad, ganada sentencia a sentencia, es la que se sentó a la mesa de Bruselas
La teoría de la negociación lo formula con una precisión que parece escrita para este caso: los Estados no negocian conflictos de esta naturaleza cuando se convencen, sino cuando el conflicto madura; es decir, cuando ambas partes quedan atrapadas en un empate que a las dos les duele y una de ellas comprende que ya no puede imponerse. Zartman lo llamó "mutually hurting stalemate", el empate mutuamente doloroso. Construir ese empate fue, exactamente, el trabajo político de años de exilio: hacer que la vía del castigo resultara cada vez más costosa —cada euroorden perdida, cada sentencia europea, cada dictamen de la ONU encarecía la factura— hasta que negociar saliera más barato que seguir persiguiendo. Quien crea que la mesa de Bruselas la produjo el azar aritmético confunde el detonante con la carga: la aritmética la puso el 23-J; la madurez del conflicto la había fabricado, pieza a pieza, una estrategia política diseñada y sostenida por el president Puigdemont cuando casi nadie apostaba por ella.
El acuerdo del 9 de noviembre de 2023, firmado por Cerdán y Jordi Turull, contiene dos reconocimientos de calado desigual. El primero, la amnistía: el compromiso de aprobar una ley que extinguiera la responsabilidad por los hechos vinculados al procés. El segundo es más corrosivo para el firmante: la referencia expresa a las situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política. El partido del Gobierno de España estampaba su firma bajo la constatación de que en España se había hecho guerra judicial contra un adversario político. Todo lo que veníamos denunciando desde hacía años ante tribunales belgas, alemanes, escoceses, italianos y europeos —y que tantos calificaron de delirio o de propaganda— quedaba certificado por la firma del adversario. Y el mecanismo de verificación con acompañamiento internacional, con un diplomático extranjero coordinando las reuniones entre las partes, añadía la escenografía característica de los conflictos que un Estado no consigue resolver por sí solo.
La reacción corporativa confirmó el diagnóstico mejor que mil alegatos. Las cuatro asociaciones judiciales emitieron un comunicado conjunto inédito contra la sola mención del lawfare, y una docena de vocales del Consejo General del Poder Judicial en funciones salió en tromba. Es una manera curiosa de refutar la judicialización de la política: movilizarse políticamente, en bloque y sin distinción de sensibilidades, contra un acuerdo político. Si el término fuese una fantasía conspirativa, la indiferencia habría bastado; la virulencia de la respuesta midió mejor que cualquier informe cuánta verdad, en ese caso concreto, contenía la palabra.
La historia acaba de demostrar que las puertas las abrió la resistencia, no la genuflexión, y que sin la posición de fuerza construida en Europa jamás habría existido ni acuerdo ni amnistía
El 16 de noviembre de 2023 Sánchez fue investido con 179 votos. Lo que siguió es conocido: una ley de amnistía aprobada en mayo de 2024 tras un año de obstáculos —tensionada por la laxitud de aquellos que querían cualquier ley de amnistía y los que planteábamos que no valía más que una que no dejase a nadie fuera—, con la derecha judicial y política empujando en contra y con el propio Gobierno administrando los tiempos con más cálculo que convicción. Sobre esa ley y su periplo europeo hablaremos el próximo lunes. Hoy quiero detenerme en el significado político del momento, porque es la mayor puesta en evidencia que ha sufrido Pedro Sánchez en toda su trayectoria: obligado a reconocer por escrito lo que había negado, forzado a legislar contra su propio relato y retratado ante los suyos, que habían comprado la tesis del "prófugo" y despertaron un lunes con el "prófugo" convertido en apoyo prioritario de investidura. Un gobierno existente gracias a la amnistía mientras sus terminales mediáticas explicaban que la concedía por magnanimidad y vocación de concordia. La verdad es más sencilla e incómoda: la necesitaba él. La ferocidad de la campaña previa —los años de exhibición del president como pieza de caza— no hizo más que agrandar la evidencia de la rectificación.
A los dos lados de esa mesa quedaron retratados, además, los de siempre. De un lado, los de la cesión permanente, que llevaban años predicando que resistir era una quimera, que el exilio era una extravagancia y que solo la aceptación sumisa de la justicia española abriría puertas: la historia acaba de demostrar que las puertas las abrió la resistencia, no la genuflexión, y que sin la posición de fuerza construida en Europa jamás habría existido ni acuerdo ni amnistía. Del otro, los maximalistas, los profesionales de la indignación, los "trumpistas" de siempre, que denunciaron el acuerdo como traición mientras seguían sin ganar un pleito, sin liberar a un preso, sin arriesgar un pelo y sin mover una coma del BOE; algunos de ellos disfrutan hoy de una amnistía que combatieron con más energía que al propio Estado que los perseguía. La determinación negocia; la impotencia se limita a opinar sobre las negociaciones ajenas.
¿Fue aquello un triunfo completo? No, y conviene decirlo con la misma claridad. Un acuerdo político es papel mojado hasta que se cumple, y este se firmó con un socio experto en incumplimientos. La ley tardó meses entre maniobras dilatorias y trampas jurídicas; el Supremo acabaría inventando una relectura del beneficio patrimonial para excluir la malversación y mantener vivas las órdenes de detención; el Constitucional administraría los tiempos de los amparos con la vista puesta en el calendario de la Moncloa. El exilio firmó sabiendo todo eso, porque la sensatez consiste en cobrar las victorias posibles sin renunciar a las pendientes. Quedaba la última batalla, la definitiva, en el único terreno donde el Estado español ya no manda: Luxemburgo. De cómo terminó —de cómo tenía que terminar, porque estaba en el diseño desde el primer día— hablaremos el próximo lunes, en el cierre de esta serie y de un verano que es el preludio de lo que se le viene encima a Pedro Sánchez, el principal retractor y aval de la amnistía.