La Dirección General de Tráfico ha iniciado una nueva fase de control en intersecciones reguladas por semáforos mediante la aplicación estricta de sanciones asociadas a una señal específica que advierte de la presencia de radares de semáforo en rojo. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a reducir la siniestralidad en entornos urbanos, donde los cruces siguen siendo uno de los puntos con mayor riesgo de accidente.
La señal en cuestión, de reciente implantación en diversas vías españolas, indica la existencia de dispositivos automatizados capaces de detectar si un vehículo atraviesa la intersección cuando el semáforo se encuentra en fase roja. Lo destacable en este caso es que la vigilancia no se limita a la velocidad, como ocurre con los radares tradicionales, sino que se centra en una de las infracciones más peligrosas en circulación urbana.
Tecnología y funcionamiento del radar de semáforo
El sistema empleado por estos dispositivos se basa en sensores y cámaras de alta precisión sincronizados con el ciclo del semáforo. Cuando un vehículo rebasa la línea de detención tras activarse la luz roja, el radar captura varias imágenes que documentan la infracción. Estas pruebas gráficas permiten tramitar automáticamente la sanción, garantizando la validez del proceso.
Cabe destacar que estos radares no actúan durante la fase ámbar, lo que elimina posibles interpretaciones ambiguas. La infracción solo se registra cuando el semáforo ya está en rojo de forma clara. Este matiz técnico resulta clave para comprender el margen de actuación del conductor y evita situaciones de duda sobre la legalidad de la maniobra.
La señal que advierte de su presencia tiene carácter informativo, pero su incumplimiento no exime de la multa. En este sentido, la DGT busca reforzar el efecto disuasorio mediante una combinación de visibilidad y control efectivo. La ubicación de estos radares suele coincidir con puntos conflictivos o con alta densidad de tráfico, donde el riesgo de colisión lateral es especialmente elevado.
Sanciones y objetivo de la medida
El incumplimiento de un semáforo en rojo conlleva una sanción económica de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. Estas cifras reflejan la gravedad de la infracción, considerada una de las más peligrosas en el ámbito de la seguridad vial. Por otro lado, la automatización del control permite aumentar el número de infracciones detectadas sin necesidad de presencia policial directa.
La implantación progresiva de estos sistemas responde a datos que evidencian el impacto de los semáforos en la reducción de accidentes. Diversos estudios internos han mostrado una disminución significativa de colisiones en los cruces donde se instalan estos dispositivos. No es ningún secreto que el respeto de la señalización luminosa sigue siendo un factor determinante en la prevención de siniestros urbanos.
Además, la DGT persigue un cambio en el comportamiento del conductor, fomentando una conducción más atenta y respetuosa con las normas. La señal que anuncia el radar actúa como elemento preventivo, recordando la necesidad de anticiparse a las fases del semáforo y evitar maniobras arriesgadas en los últimos segundos.
La expansión de este sistema continuará en los próximos meses, con nuevas ubicaciones previstas en diferentes ciudades. La combinación de tecnología, señalización específica y régimen sancionador configura un modelo de control cada vez más extendido en la red viaria española, con el objetivo de mejorar la seguridad en puntos críticos del tráfico urbano.