La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, viajará este fin de semana a Argentina para participar el próximo lunes día 12 en un acto de apoyo a su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que este martes fue condenada por corrupción a seis años de prisión. El acto, organizado por el foro político y académico Grupo de Puebla, contará con la presencia de la misma Cristina Fernández, del presidente argentino, Alberto Fernández, y de cinco expresidentes iberoamericanos. Tiene como objetivo denunciar que la vicepresidenta argentina es víctima de un caso de lawfare.

Yolanda Díaz dará apoyo a Cristina Kirchner en Buenos Aires

Grupo de Puebla, que está conformado por una sesentena de líderes progresistas de Latinoamérica, ha organizado este acto, que bajo el nombre "Voluntad popular y democracia: del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia" organizará varias mesas de debate. Díaz encabezará una de las mesas, y otra estará liderada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Las otras estarán a cargo de expresidentes de izquierdas de varios países de Sudamérica, como Evo Morales, de Bolivia; Rafael Correa, de Ecuador; Pepe Mujica, de Uruguay; y Ernesto Samper, de Colombia.

Sin embargo, el propósito central del acto es trasladar un "apoyo transversal" a Cristina Fernández, que consideran que "ha sido víctima de un juicio político orquestado por la derecha con operadores de la Justicia y medios de comunicación para sacarla del debate democrático".

La actual vicepresidenta argentina, que gobernó el país entre el 2007 y el 2015, fue condenada este martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por ejercer cargos públicos por haber defraudado a la administración pública con la concesión irregular de 51 obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

Cristina Fernández de Kirchner, ¿víctima de un caso de lawfare?

El llamado "Caso Vialidad" empezó en el 2019, y es previsible que se alargue, ya que la sentencia contra Kirchner todavía no es firme y se puede recurrir a dos instancias más, hasta llegar a la Corte Suprema. Por otra parte, el cargo de vicepresidenta que ostenta Fernández de Kirchner le otorga la condición de aforada, con lo cual la inhabilitación y la condena de prisión no se producirán de momento.

Al conocerse la noticia, Fernández pronunció un discurso de cerca de una hora en el cual negó las acusaciones y afianzó su inocencia. La vicepresidenta denunció haber sido víctima de lo que ha denominado "partido judicial", un aparato "paraestatal" que en consonancia con los poderes empresariales y mediáticos asegura que la persigue para evitar que continúe en política. Incluso relacionó la sentencia condenatoria con el intento de asesinato que sufrió el pasado septiembre.

Un elemento que da apoyo a la vicepresidenta es un escándalo publicado por el medio Página 12, que denuncia que varios jueces, entre los cuales se encontraba el instructor de la causa contra Kirchner, así como empresarios y políticos, se reunieron en la casa del multimillonario Joe Lewis, amigo del expresidente Mauricio Macri, hecho que pondría en duda la imparcialidad de los magistrados.

Desde Grupo de Puebla han equiparado el proceso judicial contra la vicepresidenta en el de otros dirigentes progresistas de Latinoamérica, como el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, o Rafael Correa en el Ecuador. Consideran que se trata de "guerras jurídicas" que buscan menoscabar el liderazgo de figuras políticas progresistas y debilitar "los proyectos políticos inspirados en la libertad, la justicia social y la soberanía" para imponer un gobierno afín a los poderes económicos.