Venezuela ha emitido órdenes de captura contra opositoras exiliadas en España y Estados Unidos, tal como ha anunciado este lunes el fiscal general, Tarek William Saab. Se trata de tres exdiputadas que conforman una comisión recién creada por el parlamento venezolano del 2015 (cuyo mandato venció enero del 2021) para dirigir los activos del Estado en el exterior: la nueva presidenta del parlamento paralelo opositor, Dinorah Figuera; así como Auristela Vásquez y Marianela Fernández. Higuera y Vázquez están en el estado español, mientras que Fernández vive en los EE.UU.
Así pues, Saab ha informado de que se ha solicitado a la Interpol la emisión de una alerta roja de detención contra las opositoras venezolanas: "Estas delincuentes (...), Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez; que ahora pretenden autoproclamarse como una directiva ad hoc de una Asamblea Nacional (el parlamento venezolano), que su periodo ha culminado, las hemos procesado y hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión". El fiscal general ha explicado que están acusadas de los delitos de robo de activos, usurpación de funciones, asociación para delinquir y traición a la patria. "A ver qué hacen los gobiernos de estos países con nuestras solicitudes", ha apuntado, en referencia a España y los Estados Unidos.
¿Delito o persecución judicial?
También se ha solicitado la incautación y aseguramiento de sus bienes, así como el bloqueo e inmovilización de sus cuentas. Por otra parte, se han emitido otras dos órdenes de captura contra José Figueredo Márquez y Luis Alberto Bustos — el secretario y subsecretario de este tipo de parlamento paralelo opositor. La cosa es que la Asamblea Nacional del 2015 ha prorrogado por tercer año consecutivo su mandato porque consideran ilegítimas las elecciones impulsadas por el presidente Nicolás Maduro.
Saab ha argumentado que "según la legislación, un parlamentario electo en el 2015 culmina su periodo en el 2020". "¿Cómo es posible que en 2023 unos sujetos al margen de la ley se autoproclamen como comisión parlamentaria por supuestamente vigilar los activos del país en el exterior?", se ha preguntado el fiscal general. Pero la oposición venezolana ha denunciado este domingo que existe una "persecución judicial" contra la nueva junta directiva del parlamento venezolano del 2015. Sea como sea, el órgano no tiene ningún poder real dentro del país y solo mantiene el control de algunos activos del Estado en el exterior.