Los ministros de energía de los diferentes países de la Unión Europea se han reunido esta mañana para plantear medidas ante la crisis energética actual que sufre el continente y que se puede agravar ante las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y han acordado intervenir ya sobre el mercado eléctrico limitante los beneficios extras de las empresas y, al mismo tiempo, reducir el consumo de electricidad, así como un impuesto a las petroleras. Los primeros a anunciarlo han sido la República Checa, país que preside el Consejo Europeo este segundo semestre del 2022: "Los ministros han llegado a un acuerdo político sobre medidas para mitigar los elevados precios de la electricidad: reducción obligatoria de la demanda de electricidad, límite a los ingresos del mercado de los productores de electricidad y contribución solidaria de los productores de combustibles fósiles". El acuerdo ha sido rápido, ya que solo han necesitado una hora de reunión de los 27 para aprobar sin cambios el último borrador, sobre el cual las delegaciones han ido trabajando en las últimas semanas.

Concretamente, el acuerdo fija una reducción del consumo de electricidad del 10% con respecto a la demanda habitual, con una reducción obligatoria del 5% en las horas punta, cuando el precio es más alto del habitual. Con todo, dará flexibilidad a los estados miembros para que calculen estos tramos. Hace falta tener en cuenta que desde España, se pedía flexibilidad a la hora de reducir el consumo de electricidad al menos un 5%, porque querían evitar que este ahorro se produjera, obligatoriamente, a las horas punta, que era la propuesta inicial de la Comisión Europea.

Los detalles de estas nuevas medidas

Este reglamento, que se tramitará de manera oficial los próximos días, y entrará en vigor a continuación y fija este ahorro entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo. Aunque se han aprobado dos medidas más (impuestos y tope a la generación con tecnologías inframarginales), los países que ya tengan o tengan que aprobar próximamente iniciativas similares podrán preservar sus planes originales, la de la reducción del consumo es la única que afecta al Estado.

Los estados miembros también han pactado una "contribución de solidaridad", por la cual se gravará un 33% de los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras, gasísticas y del sector de la refinería. Según queda concretado en la redacción final del texto, este impuesto podrá gravar los beneficios extraordinarios tanto de 2022 como de 2023 después de que países como Suecia hayan pedido incluir el próximo año, ya que su legislación no permite probar impuestos que graven ejercicios en curso. Los ingresos que generen estas medidas se destinarán a desarrollar otras para apoyar a las empresas y hogares más afectados por la crisis energética.