La política migratoria de Donald Trump incorpora una nueva herramienta que, por su misma naturaleza, difícilmente puede pasar desapercibida: la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) prevé comprar miles de guantes capaces de administrar descargas eléctricas dolorosas a personas que se resistan a los agentes. El gasto máximo previsto es de 20 millones de dólares, unos 17,4 millones de euros al cambio.
El dispositivo se llama G.L.O.V.E., acrónimo de Generated Low Output Voltage Emitter, y lo fabrica Compliant Technologies, una empresa de Lexington, en Kentucky. Según la documentación de compra del Departamento de Seguridad Nacional, ICE prevé adquirir los dispositivos para equipar a sus agentes y tenerlos disponibles antes de marzo de 2027. El contrato podría alcanzar los 20 millones de dólares, con una horquilla inicial de entre 10 y 20 millones.
¿Cómo funcionan los guantes?
El funcionamiento es deliberadamente discreto. El guante puede utilizarse como una pieza convencional de uniforme hasta que el agente activa un interruptor que pone en marcha el sistema eléctrico. La descarga solo se produce con contacto directo con la piel. El fabricante defiende que el estímulo provoca una sensación de dolor inmediata que puede conseguir que una persona deje de resistir en cuestión de segundos y presenta el producto como una herramienta de "distracción y desescalada".
Es precisamente este argumento el que alimenta la controversia. El objetivo declarado es reducir la necesidad de utilizar otras formas de fuerza en situaciones de resistencia física. Pero, en el caso de ICE, el debate no se limita a si el dispositivo es más o menos agresivo que una pistola eléctrica convencional: afecta a una agencia federal que está ejecutando una ofensiva migratoria sin precedentes bajo la presidencia de Trump y que ya ha sido objeto de fuertes críticas por el uso de la fuerza.
La American Civil Liberties Union considera especialmente problemático que los agentes puedan administrar una descarga con un gesto difícilmente visible para terceros. Jenn Rolnick Borchetta, responsable adjunta de la organización en materia policial, ha advertido que dotar a ICE de esta capacidad puede incrementar el riesgo de abusos en actuaciones de inmigración civil.
La empresa de los guantes pone límites
La propia empresa impone límites al producto: advierte que no debe utilizarse como castigo ni contra personas que solo muestren desafío verbal o actitud beligerante. También desaconseja el uso contra niños, mujeres embarazadas, personas mayores o personas con discapacidades. Estas advertencias, sin embargo, dejan abierta una cuestión central: ¿quién controlará que los agentes cumplan estas restricciones cuando el dispositivo esté integrado en una detención? ICE no ha explicado públicamente por qué considera necesaria esta tecnología ni qué protocolo específico acompañará su uso. El Departamento de Seguridad Nacional tampoco ha ofrecido, de momento, una justificación detallada de la compra.
La cuestión, por tanto, va más allá de un nuevo equipo policial. En una política migratoria basada en detenciones masivas y deportaciones aceleradas, convertir el contacto físico del agente en un posible mecanismo de descarga eléctrica plantea un problema de control, proporcionalidad y transparencia. El debate no es solo qué puede hacer un guante, sino hasta dónde puede llegar el Estado cuando quien lo lleva tiene el poder de detener.