El nuevo modelo de financiación autonómica ha superado el primer obstáculo, pero lo más difícil todavía está por delante. Después de que este viernes recibiera la luz verde del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), con el apoyo de Catalunya y las Canarias y el rechazo del resto de comunidades del régimen común, el Govern ya asume que Pedro Sánchez deberá mover ficha si quiere conseguir los votos de Junts en el Congreso. La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, lo ha admitido este sábado sin mucho margen para la interpretación. "El gobierno de España sabe que, si tiene que convencer a Junts e incorporarlo al consenso con el modelo de financiación, tendrá que ofrecer algo", ha afirmado en una entrevista en El Suplement de Catalunya Ràdio.
La frase pone sobre la mesa la cuestión que marcará los próximos meses: ¿qué puede ofrecer Sánchez a Junts para que reconsidere su no? Y, sobre todo, si hay alguna concesión lo suficientemente importante para salvar la distancia entre el modelo aprobado este viernes y lo que exigen los de Carles Puigdemont. Porque Junts no reclama simplemente retocar porcentajes o introducir nuevos criterios de reparto. El partido independentista insiste en que Catalunya debe disponer de un concierto económico similar al vasco, recaudar sus impuestos y dejar de formar parte del régimen común. Este mismo viernes, el diputado de Junts Josep Maria Cruset reiteró que el nuevo sistema está "a años luz" de dar a Catalunya "la llave de la caja" y anunció que los juntaires presentarán una enmienda a la totalidad.
Romero pone posibles concesiones sobre la mesa
La consejera, sin embargo, confía en que durante la tramitación parlamentaria se pueda acercar a Junts al modelo. Preguntada sobre qué podría ofrecer el gobierno español, Romero ha apuntado algunas posibilidades: la recaudación del IRPF "podría ser una, o podría haber otras", ha afirmado, apuntando a incorporar mejor el coste de la vida en Catalunya, modificar el criterio de población ajustada o mejorar la financiación de las lenguas propias. Preguntada sobre si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) podrá recaudar el IRPF en 2028, ha afirmado que no quiere poner fechas y que esto depende de una modificación de la ley por parte del gobierno español. También ha añadido que hay que tener preparado un instrumento propio: "Hoy en día, la ATC no está preparada para gestionar el IRPF". En otra entrevista en el diario Ara, Romero ha admitido, cuestionada por si la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) podrá recaudar el IRPF en 2028, que no quiere poner fechas y que esto depende de una modificación de la ley por parte del gobierno español. También ha añadido que hay que tener preparado un instrumento propio: "Hoy en día, la ATC no está preparada para gestionar el IRPF".
Muy distanciados, a pesar de los cambios
Aun así, lo que pide el Govern —profundizar en la singularidad catalana sin salir del modelo autonómico— dista mucho de lo que reclama Junts, abandonar este esquema y avanzar hacia un sistema bilateral similar al que tienen el País Vasco y Navarra. Esta es la diferencia esencial. El nuevo modelo aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sigue siendo un sistema de régimen común, aunque amplía la autonomía fiscal de las comunidades. Entre otros cambios, eleva del 50% al 55% la cesión del IRPF y del 50% al 56,5% la del IVA, incorpora nuevos impuestos al sistema y prevé mecanismos adicionales de financiación. Hacienda calcula que el conjunto de las comunidades dispondrá de 20.975 millones de euros adicionales. Para Catalunya, según los cálculos del Govern, la aplicación del modelo representaría aproximadamente 4.700 millones de euros más.
Enmiendas en lugar de bloquear
Romero ha intentado presionar también a Junts con el calendario político. La consellera sostiene que Catalunya dispone ahora de una oportunidad que podría desaparecer si cambia la mayoría política en Madrid. "Tenemos una ventana de oportunidad que no había existido en los últimos 14 años", ha advertido, y ha reclamado a los juntaires que aprovechen la tramitación en el Congreso para introducir enmiendas en lugar de bloquear toda la reforma, para "no perder la ventana de oportunidad" porque "no se sabe" si esta "oportunidad todavía estará de aquí a un año" ante un hipotético cambio de gobierno derivado de las elecciones legislativas previstas para 2017.
Así, el mensaje de Romero es doble. Por un lado, el Govern defiende que el modelo actual puede mejorarse. Por otro, avisa a Junts de que esperar un concierto económico puede significar acabar sin una cosa ni la otra si en las próximas elecciones cambia el color político de la Moncloa. Pero esta apelación choca con el planteamiento que Junts mantiene desde hace meses. La formación ya advirtió en enero de que cualquier acuerdo que no comportara un concierto económico sería insuficiente y que "Madrid sigue teniendo la llave de la caja".
El problema llega ahora al Congreso
El CPFF ha permitido al gobierno español superar un trámite necesario, pero políticamente ha evidenciado la fragilidad del consenso. Catalunya y las Canarias fueron las únicas comunidades que apoyaron la propuesta, aparte del propio gobierno español. Las autonomías gobernadas por el PP, así como Castilla-La Mancha y Asturias, votaron en contra.
Ahora Hacienda deberá transformar el acuerdo en un proyecto de ley orgánica que pasará por el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso de los Diputados. Es allí donde comenzará la negociación decisiva. El Ministerio de Hacienda calcula que necesitará entre 10 y 12 días para plasmar la propuesta en texto y aprobarla en sede gubernamental.
El objetivo de la Generalitat es que la reforma quede aprobada antes de acabar el 2026 para que pueda entrar en vigor el 1 de enero del 2027. Romero considera que todavía es posible, pero ha admitido que requerirá "habilidad para negociar". Y esta negociación tiene un destinatario evidente. Si Junts mantiene la enmienda a la totalidad y el Gobierno de España necesita sus votos, Sánchez deberá decidir hasta dónde está dispuesto a modificar un modelo que acaba de presentar como un acuerdo de alcance estatal. Romero ya da por hecho que algo deberá ofrecer. El problema es que, mientras el Govern piensa en mejoras en el IRPF, el coste de la vida o la población ajustada, Junts sigue pidiendo algo mucho más difícil de encajar: un concierto económico y la llave de la caja.
Romero promete defender la planta de Seat en Martorell
Al margen del debate sobre la financiación, Romero también se ha referido al futuro de Seat y de la planta de Martorell, ante las incertidumbres que atraviesa el sector de la automoción y, especialmente, el mercado del vehículo eléctrico. La consejera ha asegurado que el Govern trabajará "incansablemente" para que no haya cambios que comporten una reducción de puestos de trabajo y ha reivindicado la competitividad de la fábrica catalana. "Nos gustaría que la marca Seat se mantuviera", ha afirmado Romero, que ha admitido que ha habido "una cierta crisis" en torno al vehículo eléctrico, pero ha defendido que todavía hay margen para trabajar para que Martorell siga siendo una de las plantas de referencia del grupo.