Vuelven las tensiones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hacía unos días, Londres advertía que estaba dispuesta a actuar de manera unilateral si el club comunitario no atendía sus razones para hacer cambios y modificaciones en el Protocolo sobre Irlanda del Norte, una norma que se estableció fruto del Brexit y que entró en vigor el 1 de enero de 2021. La escalada ha llegado al punto que Liz Truss, ministra de Exteriores británica y encargada de liderar las negociaciones por el Brexit, ha confirmado en la Cámara de los Comunes que "en las próximas semanas" el ejecutivo de Boris Johnson tramitará un proyecto de ley que anulará algunas disposiciones y aspectos de esta norma. El protocolo determina y fija los controles sobre las mercancías que entran a Irlanda del Norte procedentes de Gran Bretaña o de un tercer país, de manera que Irlanda del Norte queda sujeta al código de aduanas de la Unión Europea con el objetivo de "evitar una frontera terrestre y física" entre Irlanda e Irlanda del Norte, dado que los primeros forman parte de la Comunidad Europea.
Aunque Truss ha afirmado que seguirán negociando con la Unión Europea la reforma de este protocolo —ha instado al vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, a reunirse "tan pronto como sea possible"—, la titular de Exteriores del Reino Unido sostiene que estos cambios son "necesarios" porque, hoy por hoy, la normativa compromete el Acuerdo de Paz del Viernes Santo de 1998 entre Irlanda e Irlanda del Norte. El gobierno británico apunta que la aplicación de la normativa no se ha completado y que ha generado problemas "prácticos". En concreto, hacen referencia a la "escasez de productos" y también a la crisis política que se deriva: el Partido Democrático Unionista (DUP), que quedó segundo en las últimas elecciones, está cerrando la formación del gobierno en Irlanda del Norte con Sinn Féin al frente porque exigen que se efectúen cambios de manera inminente al protocolo. De hecho, estas dificultades para configurar el ejecutivo son las que "socavan el acuerdo de paz", según el gabinete de Johnson, y por eso entienden que tienen que actuar para "restablecer el equilibrio".
Sobre esta solución, Liz Truss ha detallado en el hemiciclo que esta tiene que ser "completa y razonable", es decir, que "reduzca" los controles entre Irlanda del Norte y el resto del país británico, y que así lo han trasladado a la Unión Europea. Eso sí, el problema, según la ministra de Exteriores del Reino Unido, es que el vicepresidente europeo Sefcovic "no puede aceptar la solución porque supondría renegociar el protocolo y no tiene mandato para hacerlo". Esta eliminación de algunos de los controles aduaneros que pone encima de la mesa Londres pasa, por ejemplo, por que los bienes que provengan de Gran Bretaña y que estén destinados sólo para el consumo en Irlanda del Norte queden exentos de estos controles que se aplican a los que van hacia Irlanda (que forma parte de la UE). Este "corredor verde", tal como lo nombra el ejecutivo del Reino Unido, funcionaría con un sistema informático que monitoraría los movimientos de productos a tiempo real, pero Europa duda de esta opción y cree que el acceso ofrecido es "insuficiente".
La Comisión Europea alerta: "Responderemos con todas las medidas"
Maros Sefcovic, vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, ha reaccionado rápidamente a través de un comunicado al anuncio de Liz Truss y ha alertado que, si el Reino Unido saca adelante este proyecto de ley para alterar partes del protocolo sobre Irlanda del Norte, la Unión Europea "tendrá que responder con todas las medidas a su disposición". Entre las acciones que podría emprender el club comunitario, destaca la posible implantación de aranceles en productos británicos, un hecho que llevaría a una guerra comercial. El anuncio del gobierno de Boris Johnson para "presentar una legislación que inhabilitaría elementos constitutivos del protocolo plantea preocupaciones significativas", subraya Sefcovic, que asevera que "acciones unilaterales que contradicen un acuerdo internacional no son aceptables". Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión Europea mantiene que el objetivo de la UE es "encontrar soluciones conjuntas", aunque las reuniones en los últimos meses no han resultado productivas.