La inestabilidad vuelve a sacudir Mali con una nueva escalada de violencia que ha puesto a prueba el control de la junta militar sobre el país. Varios grupos armados han lanzado este fin de semana una ofensiva coordinada contra objetivos gubernamentales y militares en la capital, Bamako, y en otras zonas del territorio. El ataque ha sido reivindicado por los tuaregs del Frente de Liberación del Azawad (FLA), que habrían actuado con el apoyo del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), formando una alianza que evidencia una coordinación entre actores rebeldes y yihadistas planificada con meses de antelación. Desde el inicio de la ofensiva, los enfrentamientos con el ejército se han mantenido de manera continuada.
El gobierno maliense ha defendido a través de sus canales oficiales que la situación está “bajo control” y ha calificado de propaganda las afirmaciones de los rebeldes sobre avances territoriales. Sin embargo, diversas informaciones apuntan a una ofensiva con impacto real sobre puntos clave del país. Los insurgentes aseguran haber tomado el control de Kidal y de otros enclaves como Gao, mientras que también habrían ocupado el aeropuerto de Mopti, donde los combates no han cesado. La ola de violencia también ha provocado explosiones cerca del aeropuerto de Bamako, así como en Kati, Sévaré y otras localidades estratégicas.
Uno de los golpes más duros de esta escalada se ha conocido este domingo con el asesinato del ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara, y de su familia. La información, avanzada por medios internacionales, supone un revés de gran impacto para la junta militar que gobierna el país. El episodio, sumado al avance de los rebeldes, también pone en cuestión la capacidad de control del régimen instaurado después de los golpes de Estado de 2020 y 2021. Desde entonces, las autoridades malienses han reforzado una alianza con otras juntas militares de la región, como las de Burkina Faso y Níger, marcada por el distanciamiento con Francia y el acercamiento estratégico a Rusia.
Una coalición yihadista y tuareg
La ofensiva actual se explica también por una creciente coordinación entre actores hasta hace poco diferenciados. Radio France Internationale ya apuntaba en marzo a contactos entre grupos yihadistas y tuaregs para impulsar acciones conjuntas contra el ejército maliense y sus aliados, entre los cuales los mercenarios rusos del antiguo Grupo Wagner, ahora conocido como Africa Corps, desplegados en el país para apoyar a la junta liderada por Assimi Goïta. Este entendimiento ha cristalizado en una ofensiva de gran alcance que llega después de meses de operaciones del JNIM y del FLA contra rutas de suministro, especialmente de combustible, que llegaron a poner en riesgo el abastecimiento de Bamako.
El deterioro de la seguridad en Mali se inscribe en un contexto más amplio de inestabilidad en el Sahel, una región sometida a la actividad constante de grupos como el JNIM, facciones tuaregs y células vinculadas a Estado Islámico. A pesar de haberse comprometido a devolver el poder a los civiles antes de marzo de 2024, la junta militar no ha cumplido este calendario y ha consolidado su control institucional. De hecho, en julio de 2025 el régimen concedió a Goïta un mandato presidencial de cinco años, renovable “tantas veces como sea necesario” y sin elecciones. Mientras tanto, la sustitución de las tropas francesas por fuerzas vinculadas a Rusia no ha logrado revertir la inseguridad, en un escenario donde también pesan los intereses geopolíticos de potencias como Estados Unidos o China.