Polonia se ha adentrado en una nueva crisis política e institucional que amenaza con agravar todavía más la fractura en el seno de la gobernanza del país. El Tribunal Constitucional, epicentro de una disputa que se arrastra desde hace más de una década, ha vuelto a desencadenar un enfrentamiento abierto entre el primer ministro, Donald Tusk, y sus principales adversarios, el presidente Karol Nawrocki y el líder de Ley y Justicia (PiS), Jarosław Kaczyński. Las discrepancias sobre la legitimidad de los jueces y el control de la institución han desembocado este fin de semana en una escalada de tensión, con intervenciones policiales, disturbios en las calles de Varsovia y acusaciones cruzadas de atentar contra el Estado de derecho.
El origen del enfrentamiento se remonta a 2015, cuando el PiS llegó al poder e impulsó una profunda remodelación del Constitucional que abrió un largo debate sobre la independencia de la justicia polaca. Desde entonces, la legitimidad de la institución ha sido objeto de disputa entre los dos grandes bloques políticos del país. El ejecutivo de Tusk sostiene que el tribunal fue "secuestrado" por el PiS y defiende la necesidad de reformarlo para recuperar su funcionamiento independiente, mientras que los conservadores reivindican la legalidad de los cambios introducidos y acusan al gobierno actual de querer someter la justicia a sus intereses.
El conflicto se enquistó todavía más a principios de este año, cuando el presidente Nawrocki se negó a tomar juramento a una parte de los seis nuevos magistrados escogidos por el Parlamento, donde la coalición de Tusk tiene mayoría. Solo dos pudieron completar este trámite, mientras que el presidente del Constitucional, Bogdan Święczkowski, también impidió que los jueces pendientes de jurar asumieran sus funciones, lo que profundizó el bloqueo institucional.
La tensión acabó de estallar el viernes, cuando se conoció una decisión que afectaba directamente a la cúpula del tribunal. Según informó la agencia pública polaca PAP, la jueza Anna Korwin-Piotrowska había ordenado suspender durante un mes a Święczkowski, así como al vicepresidente de la corte, Bartłomiej Sochański. Poco después, los nombres de ambos desaparecieron de la página web oficial del tribunal, un movimiento que desencadenó una contundente respuesta de la institución. En un comunicado difundido en las redes sociales, el Constitucional denunció una "toma ilegal" de su portal y cuestionó la legitimidad de Korwin-Piotrowska para tomar decisiones en nombre del organismo. La institución fue todavía más allá y advirtió que los responsables de estas actuaciones podrían estar incurriendo en un delito de "golpe de Estado".
La crisis institucional se trasladó a las calles de Varsovia, donde simpatizantes del PiS rodearon la sede del Constitucional para protestar contra las decisiones adoptadas. La movilización estuvo marcada por varios disturbios y un amplio despliegue policial. En medio de la tensión, el presidente Nawrocki consiguió entrar en el edificio y, al salir, denunció una vulneración del orden constitucional y anunció que abriría una ronda de conversaciones con los partidos representados en el Parlamento. Por su parte, Kaczyński cargó duramente contra el gobierno de Tusk a través de las redes sociales. "Polonia se convierte en un estado policial", advirtió el líder del PiS, antes de asegurar que los acontecimientos abren la puerta al "autoritarismo y después al totalitarismo".
Los argumentos de Tusk
Tusk ha defendido públicamente las medidas encaminadas a recuperar lo que considera el funcionamiento legítimo de las instituciones. "La restauración del Estado de derecho es un deber", ha afirmado, antes de asegurar que Polonia ha iniciado un proceso "difícil, a veces doloroso", que exige decisiones firmes porque "no hay otro camino". En un mensaje a la nación posterior, el primer ministro también ha responsabilizado al PiS de la crisis que atraviesa la justicia polaca. Tusk acusa a Kaczyński, Nawrocki y a su antecesor en la presidencia, Andrzej Duda, de haber contribuido a la "destrucción del Estado de derecho" y ha justificado las medidas adoptadas para recuperar lo que considera el funcionamiento legítimo de las instituciones después de años de "arbitrariedad". Según Tusk, los magistrados designados legalmente por el Parlamento decidieron asumir sus funciones después de semanas de espera, a pesar de la negativa de Nawrocki a tomarles juramento, y acabaron siendo objeto de ataques.
Además, Tusk ha acusado a sus adversarios políticos de contar con el apoyo de sectores próximos al Kremlin. "Desde hace años hay organizaciones y políticos de Polonia que quieren destruir la democracia y el Estado de derecho", ha denunciado, antes de asegurar que estas fuerzas reciben el apoyo de un "ejército de bots rusos en internet" y que incluso han sido elogiadas públicamente por "el ideólogo jefe del Kremlin". El primer ministro ha evitado atribuirles una motivación concreta, pero ha afirmado que, tanto si actúan por "avaricia, estupidez o traición", el resultado es el mismo.
Moción de censura contra Tusk
La crisis se ha desplazado al Parlamento, donde Tusk tendrá que hacer frente a una posible moción de censura. El ex primer ministro Mateusz Morawiecki, antiguo dirigente del PiS y actual líder de Rozwój Plus después de una escisión interna, ha anunciado que impulsará una moción contra el ejecutivo. Su propuesta pasa por sustituir a Tusk por un "gobierno técnico", encabezado inicialmente por el expresidente del Parlamento Marek Jurek, que asumiría el poder hasta la celebración de nuevas elecciones y la formación de otra mayoría parlamentaria. Morawiecki, que ha dejado abierta la posibilidad de consensuar otro candidato, también reclama un "reinicio" del Constitucional, una iniciativa que asegura que comparten diversas fuerzas políticas y que dispone del apoyo del presidente de la República y de quien considera el presidente legítimo del tribunal, Święczkowski. Sin embargo, ha advertido que esta renovación debe excluir a los responsables de las actuaciones recientes contra la institución, a quienes ha acusado de atacar su independencia. "Su lugar está en la basura de la historia y en el banquillo de los acusados ante tribunales independientes", ha afirmado en las redes sociales.
