La crisis institucional en Polonia ha vivido este viernes por la noche un nuevo episodio de tensión con el despliegue de la policía alrededor de la sede del Tribunal Constitucional, en Varsovia. El conflicto enfrenta al gobierno del primer ministro Donald Tusk con sus dos grandes rivales políticos: el presidente del país, Karel Nawrocki, y el líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jarosław Kaczyński, a raíz de las discrepancias sobre la renovación de la cúpula judicial. La disputa se remonta a principios de año, cuando Nawrocki, aliado político de Kaczyński, se negó a tomar juramento a tres de los seis magistrados designados por el Parlamento, donde la actual coalición gubernamental dispone de mayoría. La negativa presidencial abrió un bloqueo institucional que se agravó con la intervención del presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, que tampoco autorizó que los jueces escogidos por la cámara asumieran sus funciones.
La disputa se remonta a 2015, cuando el PiS empezó a remodelar el tribunal, provocando años de controversia sobre su independencia y legitimidad. El gobierno de Tusk argumenta que la institución fue secuestrada y necesita ser puesta en orden, mientras que el PiS insiste en que es legítimo y acusa al primer ministro de intentar tomar el control político.
La situación se ha precipitado esta tarde después de que la agencia pública de noticias polaca PAP informara de la suspensión durante un mes de Święczkowski y de su adjunto, Bartłomiej Sochański. La decisión, atribuida a la jueza Anna Korwin-Piotrowska, también ha comportado la retirada de los nombres de los dos magistrados de la página web oficial del organismo. La reacción del tribunal no se ha hecho esperar. A través de las redes sociales, ha denunciado una "toma ilegal" de su portal digital y ha negado que Korwin-Piotrowska tenga autoridad para actuar en representación de la institución. Además, ha advertido que las personas implicadas en estas actuaciones estarían cometiendo un delito de "golpe de estado".
Por su parte, Tusk ha defendido públicamente las medidas encaminadas a recuperar lo que considera el funcionamiento legítimo de las instituciones. "La restauración del estado de derecho es un deber", ha afirmado, antes de asegurar que, después de años de "arbitrariedad", Polonia ha iniciado un proceso "difícil, a veces doloroso", que exige decisiones firmes porque "no hay otro camino".
Todo ello ha provocado incidentes a las puertas del Constitucional, donde la policía de Varsovia ha detenido a tres personas que intentaban acceder al recinto. Los agentes han desplegado un dispositivo de seguridad después de que un grupo de manifestantes probara de forzar la valla de protección, en medio de lo que las autoridades han calificado de "comportamientos agresivos". Decenas de efectivos antidisturbios han bloqueado los accesos para impedir la entrada de los concentrados, entre los que había numerosos simpatizantes del PiS. Los partidarios de esta formación llevan semanas movilizándose en defensa de los magistrados enfrentados con el gobierno de Tusk.
"Polonia se convierte en un estado policial"
La crisis también ha obligado a Nawrocki a interrumpir su viaje oficial a Senegal y anunciar el regreso inmediato a Polonia. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia", ha justificado el jefe del estado. Todavía más contundente ha sido Kaczyński, que ha acusado a los "servicios de Tusk" de perpetrar un "atentado" contra el Tribunal Constitucional. En una publicación en las redes sociales, el líder del PiS ha advertido que "a partir de hoy, Polonia se convierte en un estado policial" y ha asegurado que esta situación abre el camino hacia "el autoritarismo y después al totalitarismo".