Colombia afronta la recta final de las horas más decisivas después del terremoto de magnitud 7,4 que el lunes sacudió el país, con centenares de edificios afectados y equipos de emergencia trabajando contra reloj. Pero, mientras se acerca el límite de las 72 horas consideradas críticas para encontrar supervivientes bajo los escombros, el gobierno de la recientemente estrenada presidencia de Abelardo de la Espriella ha tenido que afrontar su primera gran controversia: la gestión de la ayuda internacional.
Varios países y organismos ofrecieron equipos de rescate y material humanitario inmediatamente después del seísmo. Pero, durante las primeras horas, las autoridades colombianas no formalizaron peticiones de ayuda y limitaron las opciones de entrada de grupos extranjeros. La ONU confirmó el martes que no había recibido ninguna solicitud oficial de Bogotá, mientras México mantenía preparados suministros y 255 militares a la espera de autorización.
Ayuda en cuentagotas
La situación contrastó con la respuesta internacional al terremoto que afectó a Venezuela en junio. En aquel caso, el gobierno venezolano aceptó rápidamente decenas de equipos extranjeros de búsqueda y rescate. En Colombia, en cambio, la coordinación ha sido más lenta y ha quedado condicionada por criterios de certificación y por una estructura administrativa todavía en plena transición.
El problema tiene también una dimensión política. De la Espriella asumió la presidencia el viernes y el cambio de gobierno se produjo sin un traspaso formal entre las administraciones saliente y entrante. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el organismo encargado de coordinar la respuesta, no tuvo nuevo director hasta el miércoles, cuando David Tamayo Roldán asumió el cargo.
La politóloga Sandra Borda, de la Universidad de los Andes, considera que esta sucesión precipitada ayuda a explicar los "cortocircuitos" en la gestión de la emergencia. Pero también ha señalado otra cuestión más incómoda: la posible desconfianza del nuevo ejecutivo hacia determinados actores internacionales.
Colombia niega haber rechazado la ayuda por motivos políticos
El gobierno niega haber rechazado países por motivos políticos. El ministro de Exteriores, Omar Bula, ha asegurado que Colombia no ha excluido a ningún país y que trabaja con sus socios “sin ninguna consideración ideológica o política”. El nuevo responsable de la gestión del riesgo, sin embargo, ha explicado que inicialmente solo se solicitaron equipos de rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, considerados los que cumplían los requisitos de certificación necesarios.
Con las horas avanzando, la posición del gobierno ha empezado a flexibilizarse. Estados Unidos ha confirmado el envío de equipos de búsqueda y rescate de Virginia y California, después de recibir una petición oficial colombiana. Perú también enviará voluntarios. Y México, después de días de espera, ha conseguido coordinar finalmente el envío de 19,5 toneladas de ayuda acompañadas de militares especializados.
La contradicción es difícil de ignorar: mientras cada hora reduce las posibilidades de encontrar personas con vida, Bogotá ha dedicado una parte preciosa de este tiempo a decidir quién podía ayudarla y en qué condiciones. La crisis humanitaria ha acabado convertida, así, en el primer test de coordinación —y de confianza internacional— del nuevo gobierno colombiano.