Un grupo de congresistas republicanos, liderados por la legisladora Claudia Tenney, han solicitado a la Casa Blanca que evalúe si es necesario incluir a España en una lista negra por su actitud hacia Israel, tras considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado “una discriminación económica formal contra uno de los aliados más cercanos de los Estados Unidos”. En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, los congresistas piden que se revisen las medidas impulsadas por la Moncloa, como el embargo de armas o la prohibición de importar productos provenientes de los asentamientos ilegales en territorio palestino, alegando que podrían constituir una forma de boicot al estado israelí. Los republicanos instan a que se analice si estas políticas incumplen la Sección 999, una norma que obliga al Departamento del Tesoro a mantener “una lista de países que exigen o fomentan la participación en boicots internacionales no sancionados por los Estados Unidos”.

Según han explicado los congresistas republicanos, el Gobierno de Sánchez adoptó el pasado mes de octubre “restricciones radicales” que, a su parecer, suponen una escalada en el boicot a Israel. Entre estas medidas, destacan la prohibición de comercio de armas con el estado israelí y la limitación de la publicidad de productos fabricados en los asentamientos de Cisjordania. Aseguran que estas políticas “se alinean con el movimiento global de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) y podrían discriminar a Israel”, al tiempo que generan “graves consecuencias legales y económicas” para las empresas estadounidenses con operaciones internacionales. Además, recuerdan que la inclusión de un país en la lista de la Sección 999 activa requisitos específicos de información y ofrece protección a las empresas estadounidenses frente al cumplimiento involuntario de legislaciones que consideran discriminatorias. Por ello, reclaman al Departamento del Tesoro que evalúe “si las acciones de España cumplen los criterios legales para incluirlos y garantizar que la legislación estadounidense se aplique según lo previsto”.

“Las acciones de España van más allá de la retórica y constituyen una discriminación económica formal”, ha denunciado Tenney, impulsora de la iniciativa. Según ella, la legislación estadounidense “exige que los gobiernos extranjeros que participen o promuevan boicots no autorizados contra Israel sean investigados y responsables”. En esta línea, ha reiterado que la Sección 999 existe “para proteger a las empresas estadounidenses de ser obligadas a cumplir políticas discriminatorias” y para garantizar “transparencia” cuando los aliados de Estados Unidos son objeto de ataques. Tenney ha añadido que el Departamento del Tesoro debe hacer “una revisión exhaustiva” y aplicar la ley tal como está escrita. “Estados Unidos no puede hacer como si no se enterara cuando gobiernos extranjeros intentan aislar económicamente a Israel o socavar a las empresas estadounidenses”, ha remachado.