Madagascar ha entrado en una nueva fase de inestabilidad después de que el Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), una unidad militar de élite, haya anunciado la suspensión de la constitución y la toma del poder. Esta acción se ha producido justo después de que el parlamento destituyera al presidente Andry Rajoelina, en medio de un clima de creciente descontento popular que ha terminado con su huida. El coronel Michael Randrianirina, líder del movimiento, ha hecho público que las tropas han tomado el control del palacio presidencial de Ambohitsorohitra, en la capital, Antananarivo, y se ha convertido en el nuevo jefe de Estado. En paralelo, los militares han suspendido cinco instituciones clave, como el Alto Tribunal Constitucional y la Comisión Electoral Nacional Independiente, manteniendo únicamente en activo la Asamblea Nacional. Todo ello se produce en un contexto de protestas juveniles contra el gobierno que, como ha ocurrido en Nepal y Marruecos, han contribuido a desencadenar una crisis institucional.
La crisis actual en Madagascar tiene sus orígenes a mediados de septiembre de 2025, cuando la indignación ciudadana por la falta de servicios básicos, como la electricidad y el agua, sumada a las acusaciones de corrupción, desembocó en una ola de protestas masivas. Las movilizaciones, alimentadas por los llamamientos de la oposición y las redes sociales, reunieron a decenas de miles de jóvenes en todo el país. El punto de inflexión llegó el 25 de septiembre, cuando miles de personas ignoraron la prohibición del gobierno y ocuparon las calles de Antananarivo. Con barricadas y consignas, exigían soluciones inmediatas, pero los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad degeneraron rápidamente en violencia.
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Las protestas continuaron durante varios días, reprimidas con gas lacrimógeno y balas de goma. La ONU denunció el uso excesivo de la fuerza y contabilizó 22 muertos y más de 100 heridos, en una escalada marcada también por la presencia de bandas violentas. El 29 de septiembre, en un intento por calmar los ánimos, el presidente Rajoelina cesó al ministro de Energía y disolvió el gobierno encabezado por el primer ministro Christian Ntsay. Sin embargo, estas decisiones no evitaron que el parlamento se reuniera de nuevo horas después y aprobara su destitución, hecho que precipitó la intervención directa del ejército.
¿Qué alimenta la ira del pueblo?
Los disturbios en Madagascar son solo la punta del iceberg de una crisis socioeconómica que lleva años asolando a los ciudadanos. A pesar de ser una nación con abundantes recursos naturales, la realidad para la mayoría de los malgaches es muy dura. Menos del 40% de la población tiene acceso a la electricidad, y en las zonas rurales esta cifra cae drásticamente, con solo entre un 7% y un 12% de acceso. Incluso en la capital, Antananarivo, los cortes de suministro son constantes y pueden durar entre 6 y 12 horas diarias. A esto se añade una grave crisis hídrica: muchos hogares pasan días sin agua corriente y en el sur de la isla, según UNICEF, el 70% de la población no puede acceder a agua potable básica. La situación se ve aún más agravada por una pobreza persistente —con entre el 75% y el 80% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza— y un aumento de la precariedad en las ciudades más pequeñas, donde la pobreza ha pasado del 46% al 61% en la última década. El desempleo juvenil supera el 30% en las zonas urbanas y la inflación, situada en torno al 8%, sigue debilitando el poder adquisitivo. Esta combinación de deficiencias estructurales, falta de oportunidades y una percepción creciente de corrupción ha generado el contexto ideal para una explosión social que ha desestabilizado la nación insular.
¿Qué le espera a Madagascar?
El martes, el Alto Tribunal Constitucional de Madagascar dio un paso clave en medio del vacío de poder generado por la intervención militar e “invitó” a Randrianirina, líder de la unidad CAPSAT, a asumir temporalmente las funciones de jefe de Estado. El coronel se convirtió en presidente el miércoles. Paralelamente, dejó claro que Rajoelina no podía seguir ejerciendo el cargo, ya que “no está en el país”, lo que se considera un “abandono pasivo del poder”. A pesar de este intento de dar un marco legal a la transición, el futuro político de Madagascar sigue rodeado de incertidumbre. La comunidad internacional aún no ha fijado una posición clara y a escala interna no está garantizado que los procesos electorales anunciados se lleven a cabo dentro de los plazos o con garantías.