La Fiscalía de Panamá ha registrado las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca, origen de la filtración de los papeles de Panamá, y ha emitido una orden de comparecencia contra los dos socios principales de la empresa, Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, ante una posible implicación en el caso Lava Jato, la macrotrama de corrupción de Brasil.

El ministerio público de Panamá ha indicado en su cuenta oficial de Twitter que esta mañana se han registrado sus oficinas por la creación de sociedades anónimas en Brasil vinculadas a Lava Jato.

Es la segunda ocasión que la Fiscalía panameña ordena registrar el bufete de Mossack Fonseca. La primera vez fue en abril del 2016, sólo diez días tras el estallido del escándalo de los papeles de Panamá.

El bufete se defiende

Ramón Fonseca, uno de los socios, ha asegurado que su bufete "no tiene nada que ver con Odebrecht ni Lava Jato" y, es más, ha indicado que tanto él como Jürgen Mossack colaborarán con la Fiscalía. "Hay más de 10.000 compañías relacionadas con esta investigación. Las pocas nuestras las hicimos a solicitud de bancos y abogados", ha indicado en referencia a la trama Lava Jato.

El abogado ha querido dejar claro que no tiene ninguna "relación directa" y que una investigación centrada en su bufete "deja mucho que pensar", dando a entender que existe una persecución detrás de la intervención judicial.

¿Qué es Lava Jato?

Lava Jato es la mayor trama de corrupción de Brasil y otros países de América Latina y Caribe, entre los cuales se encuentran Argentina, Venezuela, Honduras, Cuba, República Dominicana y Guatemala. La presunta trama, con la petrolera brasileña Petrobras como centro, habría realizado desviaciones millonarias para infraestructuras los citados países. El escándalo ha afectado a toda una serie de empresarios y políticos de Brasil.

Un expresidente peruano, implicado 

La justícia peruana ha dictado 18 meses de prisión preventiva para el expresidente del país suramericano Alejandro Toledo Manrique por su presunta implicación en el caso Lava Jato en Perú. Se acusa a Toledo de haber recibido 20 millones de dólares procedentes de la constructora Odebrecht para licitar una macrocarretera que conecta Perú y Brasil.