Madagascar ha aprobado una polémica ley que permite la castración química y quirúrgica de las personas consideradas culpables de la violación de menores. Esta nueva ley ha generado críticas entre grupos de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI). La ONG ha pedido a las autoridades de Madagascar que deroguen una ley que permite la castración química y quirúrgica como castigo por la violación de niños. Esa medida "constituye un trato cruel, inhumano y degradante, como castigo para quienes son declarados culpables de violar a menores", ha afirmado el director regional de AI para el este y sur de África, Tigere Chagutah, en un comunicado.
Además, ha subrayado, resulta "incompatible con las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y otros malos tratos, así como con las normas regionales e internacionales de derechos humanos". Según AI, las autoridades deberían priorizar un enfoque centrado en los supervivientes que "los empodere y les permita denunciar de forma segura sin temor a la estigmatización y las represalias", y permita que "los perpetradores rindan cuentas de manera efectiva".
El temor de las víctimas
En Madagascar, los casos de violación siguen sin denunciarse y los autores a menudo quedan en libertad debido al temor de las víctimas y sus familias a las represalias, la estigmatización y la falta de confianza en el sistema judicial, de acuerdo con la ONG.
En 2023 se registraron 600 casos de violación de menores en Madagascar, que tiene una población de cerca de 30 millones de personas y, desde principios de 2024, se han registrado ya 133 casos. Sin embargo, se calcula que la cifra podría ser mayor ante la falta de denuncias por temor a las consecuencias. Por todo ello, la ministra de Justícia del país, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, ha dicho que quieren "proteger mucho más a los niños. Cuanto menor es el niño, mayor es el castigo". Si lo comparamos con España, donde la población es de unos 48 millones de personas, en 2022 hubo 762 delitos por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años.
El 24 de enero pasado, el proyecto de ley destinado a insertar la castración química y quirúrgica en el Código Penal malgache como castigo para las personas declaradas culpables de violación de menores fue presentado ante la Asamblea Nacional para su aprobación. La Asamblea Nacional lo adoptó el pasado día 2 y el Senado lo ha aprobado este miércoles. El proyecto de ley pasará por el Tribunal Constitucional Supremo antes de que el presidente de este país insular del este de África, Andry Rajoelina, promulgue las nuevas enmiendas.