La policía d'Escocia se ha puesto en alerta por "malestar civil" después del veto del Tribunal Supremo británico a un referéndum unilateral, y de remarcar que solo puede ser con acuerdo con el Parlamento británico, según informa el diario The National. El jefe de la policía en Escocia, Iain Livingstone, ha indicado en un encuentro de la Autoridad policial escocesa, que el debate que se ha creado sobre la independencia puede provocar huelgas durante el invierno, que a su entender pueden provocar unas protestas que no estarían preparados para poder gestionarlo. "De cara a los próximos meses se están reuniendo muchos factores que podrían producir disturbios civiles, como la incertidumbre constitucional, conflictos industriales y la situación económica", habría argumentado.
"Cuando hay momentos de posible ruptura de la cohesión social, hay relaciones laborales más intensas, hay claramente un nivel de incertidumbre constitucional en la sociedad en este momento. Todos estos factores hacen presión sobre la cohesión de las comunidades locales e, inevitablemente, eso se puede manifestar en presión sobre la policía", habría indicado, y eso justificaría la alerta por "malestar civil". También denunció recortes en la policía, por valor de 300 millones de libras. El gobierno escocés ha asegurado, sin embargo, que ha incrementado la financiación policial año tras año desde el 2016-17 y ha invertido más de 10.000 millones de libras en la policía desde la creación del Police Scotland en el 2013.
El partido Conservador, que gobierna en el Reino Unido, ha aprovechado la decisión de la policía para criticar el proceso independentista escocés. Los tories han acusado al SNP de 'levantar" a los partidarios de la independencia con una "retórica divisoria", después de que el Tribunal Supremo "ha bloqueado los planes del gobierno escocés de celebrar un referéndum sobre independencia el próximo año".
El Tribunal Supremo del Reino Unido decidió el miércoles por unanimidad que el Parlamento escocés no tiene competencias para convocar un segundo referéndum de autodeterminación de Escocia sin el visto bueno de Londres. Los cinco magistrados coincidieron en que el Parlamento de Holyrood no puede sacar adelante una ley de referéndum porque esta interferiría en temas constitucionales para los que solo Westminster tiene la soberanía parlamentaria. Consideran que si bien el referéndum podría ser meramente consultivo, tal como argumentaba Escocia, "los efectos prácticos" de la votación podrían ser muy negativos para la democracia británica, porque "el resultado tendría autoridad" política, aunque no se hiciera efectivo. En la lectura pública de la resolución, el tribunal aseguró que la decisión la han tomado con celeridad no solo para que todos se hayan puesto de acuerdo, sino porque creían que era "de interés público" que resolvieran las incógnitas cuanto antes mejor.