Todos los ojos de los activistas para los derechos sexuales y reproductivos estaban fijados en la decisión de que tenía que tomar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (EE.UU.) con respecto a la polémica ley del aborto de Texas, el cual hace virtualmente imposible abortar. El miedo se ha apoderado de muchas personas a favor del aborto, ya que la corte suprema de los norteamericanos actualmente está en manos de los conservadores, algunos de los cuales extremadamente religiosos y radicales. Sin embargo, el Supremo ha optado por no mojarse en exceso.

El tribunal ha decidido que dejará en vigor la prohibición a la práctica del aborto en el estado de Texas, pero permitirá presentar demandas contra esta ley en tribunales de menor instancia. Es decir, la ley se queda, no obstante, casos individuales se pueden luchar en las cortes.

La decisión se limita a decir que las clínicas pueden continuar con su desafío legal en cortes inferiores y, por lo tanto, intentar que un juez bloquee la legislación tejana. Si eso pasa, lo más probable es que el estado de Texas interponga un recurso y el caso acabe en una corte de apelaciones, desde donde volverá en el Supremo en un proceso que podría tardar tiempo, según recopilación Efe.

La ley de los justicieros ultra conservadores

La ley del aborto de Texas prohíbe en la práctica abortar en cualquier caso. Refugiándose en subterfugios legales, la ley que hacía años que deseaban a los ultra conservadores tejanos, limita el aborto a las seis semanas. Se trata del tiempo que una mujer acostumbra a tardar, como poco, en darse cuenta de que está embarazada. Es decir, que no ilegalizan el aborto, porque las leyes federales no lo permiten, pero hacen prácticamente imposible interrumpir el embarazo en cualquier caso.

Hay muchos aspectos de la ley del aborto en Texas que no parecen del siglo XXI, no obstante, una de las más destacadas: la recompensa a los justicieros que denuncian a sus vecinos. Es decir, que la nueva normativa no solo permite, sino que premia, a los particulares que presenten demandas civiles contra cualquier persona que ayude en una embarazada a abortar. Si la demanda que presenta este particular la gana se ofrecen hasta 100.000 dólares de recompensa.

La persecución paranoica por parte de los civiles supone un acoso peligroso y sin tregua para las mujeres que quieren abortar y deja que a las instituciones tejanas se laven las manos. Este sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación está en estos ciudadanos particulares, y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto. Se trata de un truco barato pero muy efectivo, ya que si no fuera porque la ley la aplican los ciudadanos y no el gobierno sería tajantemente inconstitucional.

 

 

Imagen principal. Una mujer se manifiesta en contra de la restrictiva ley del aborto que han aprobado las autoridades de Texas / Europa Press