Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado "por error" por Estados Unidos el marzo pasado, ha iniciado su retorno al país norteamericano, según han informado varios medios. Ábrego, que contaba con un estatus legal que tendría que haber evitado su expulsión, fue detenido por las autoridades migratorias y enviado a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, en una actuación que varios tribunales tildaron de ilegal. Ahora, su retorno se enmarca en un procedimiento judicial en que tiene que enfrentar cargos por supuesto tráfico de personas, un caso que ha generado polémica y ha puesto el foco sobre los protocolos de deportación de la Casa Blanca. A pesar de las órdenes del Tribunal Supremo y de instancias inferiores, la Administración Trump había defendido que no tenía autoridad para facilitar el retorno del hombre.
Durante los últimos meses, el gabinete republicano ha protagonizado un enfrentamiento creciente con el poder judicial a raíz de las órdenes que instaban la Casa Blanca a facilitar el retorno de Ábrego desde El Salvador. Aunque varios tribunales habían dictaminado que la deportación del hombre fue un error administrativo grave, el ejecutivo norteamericano se había resistido a ejecutar el retorno. Esta situación ha tensado la relación entre los poderes del Estado norteamericano, hasta el punto que un juez federal advirtió que la negativa del gobierno a acatar las resoluciones judiciales podía desembocar en una "crisis incipiente" en el ámbito institucional. La postura de la Casa Blanca, combinada con la resistencia inicial a colaborar con el sistema judicial, ha generado un debate político y jurídico sobre la separación de poderes y la responsabilidad del gobierno en los casos de expulsiones erróneas.
En concreto, Ábrego ha sido imputado en el distrito de Tennessee por conspiración por transportar ilegalmente personas indocumentadas con finalidades lucrativas. La acusación formal, hecha pública este viernes, señala que Ábrego habría actuado conjuntamente con otras personas en una trama organizada durante los últimos años, con el objetivo de facilitar la entrada y el desplazamiento de inmigrantes sin autorización en Estados Unidos. Según el documento judicial, muchos de los individuos transportados serían presuntos "miembros y asociados de la MS-13", uno de los principales focos de preocupación para las autoridades norteamericanas en materia de seguridad. La gravedad de las acusaciones podría tener consecuencias penales importantes, con penas que, en caso de condena, podrían comportar largas estancias en prisión.
Desde su polémica deportación a El Salvador, la figura de Kilmar Ábrego García ha generado una profunda división entre el relato oficial del gobierno de Estados Unidos y la versión aportada por su familia. La administración Trump lo retrata como un delincuente peligroso con vínculos sospechosos y antecedentes de violencia, llegando incluso a considerarlo una amenaza terrorista. Según los documentos revelados por las autoridades, su mujer lo habría denunciado por episodios de violencia doméstica. No obstante, tanto ella como otros familiares lo describen como un padre dedicado y un trabajador incansable que huyó de la violencia de las bandas juveniles cuando era adolescente para forjarse un futuro en Estados Unidos.