El aval que ha dado el Consejo Constitucional francés a la reforma de las pensiones, aprobada por decreto por el presidente Emmanuel Macron, ha derivado este viernes por la tarde en incidentes en París, especialmente ante el Ayuntamiento y las calles del centro. Grupos de manifestantes se han enfrentado a la policía con dureza, y han prendido fuego a contenedores. Inicialmente la concentración ante el Ayuntamiento ha sido pacífica, pero finalmente ha derivado en enfrentamientos y se ha prendido fuego al servicio de bicing.

 

El Consejo Constitucional de Francia, máxima autoridad constitucional del país, ha validado este viernes la polémica reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Los 9 miembros del organismo, conocidos como les sages, "los sabios", han confirmado que la norma es constitucional, incluido el aumento de la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, pero han censurado seis artículos del proyecto de ley, según ha informado el diario Le Monde. Por otra parte, los jueces han rechazado una petición de referéndum de iniciativa compartida (RIP) que había presentado la izquierda en un intento por frenar la norma, aunque el próximo 3 de mayo se tendrán que pronunciar sobre un segundo texto. Así pues, la decisión del Consejo Constitucional supone un golpe duro para los opositores de la ley, que en las últimas semanas han protagonizado centenares de protestas y paradas en el país por la aprobación de esta norma a través de un decreto.

De hecho, este viernes los sindicatos han movilizado la población para una nueva jornada de protestas, y en París, se han concentrado por la mañana ante el Palacio Real, sede del Consejo Constitucional, a la espera del dictamen, que se ha hecho público a las 18 horas. Las primeras movilizaciones se remontan a enero, aunque se convirtieron en el día a día del país a partir del 16 de marzo, cuando el ejecutivo de Macron aprobó la reforma de las pensiones a través del artículo 49.3 de la Constitución, sin someterla al voto de la Asamblea Nacional. Sobre esta cuestión, el Consejo Constitucional ha reconocido que la elección del procedimiento es "inusual", pero ha determinado que no supone, por sí sola, ninguna inconstitucionalidad. Sin embargo, el organismo ha insistido en que su tarea es comprobar si se cumple la Constitución y no "decidir todos los debates que pueda suscitar la reforma de las pensiones".

Las reacciones después del dictamen han sido inmediatas. El presidente de la República no se ha pronunciado, pero la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, que estuvo en la diana de las protestas después de la aprobación de la norma, ha afirmado que "esta noche no hay ganador ni perdedor", y ha pronosticado que la reforma de las pensiones ha llegado este viernes "al final de su proceso democrático". Desde la izquierda no lo ven de la misma forma y han reclamado a Macron que no promulgue la norma, el último paso para que la reforma de las pensiones entre en vigor. Así, en una rueda de prensa de la coalición de izquierdas de NUPES, la presidenta del grupo parlamentario de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, ha avisado de que "no será el Consejo Constitucional quien haga cambiar de opinión al pueblo francés" y por eso, ha pedido al presidente que "no promulgue la ley, que la retire o que la devuelva al pueblo".

La líder ultraderechista de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, ha asegurado en un tuit que "el destino político de la reforma de las pensiones no está sellado". "El pueblo siempre tiene la última palabra", ha advertido, y en este sentido ha instado a los votantes a "preparar la alternancia que revocará esta reforma innecesaria e injusta".