Las relaciones entre México y Bolivia no pasan por su mejor momento. Después de que el país presidido por Andrés Manuel López Obrador ayudara a exiliarse al expresidente Evo Morales, funcionarios diplomáticos mexicanos en La Paz han denunciado intentos de entrar en la residencia de la embajadora de su país, María Teresa Mercado, por parte de las autoridades bolivianas este viernes.

Ante estos hechos, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, ha negado las acusaciones y ha apuntado directamente a España. "Personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con la cara tapada, habrían intentado entrar de forma subrepticia y clandestina en la residencia diplomática de México en La Paz", ha asegurado. Longaric ha anunciado que su gobierno enviará "una nota de protesta" al Gobierno denunciante estas "irregularidades y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas".

Se cree que la residencia de la embajadora aloja a una decena de personas perseguidas por la justicia boliviana y que entre estas habría varios exministros de Evo Morales procesados por delitos de terrorismo.

Según ha informado el Gobierno la madrugada de este sábado en un comunicado, ha acordado abrir una investigación en relación con estos hechos que se han producido durante la visita de la Encargada de Negocios "ad interim" de España en la Embajadora de México a Bolivia.

El Gobierno de México, por su parte, ha denunciado que policías bolivianos, que mantienen vigiladas las sedes diplomáticas mexicanas en La Paz, bloquearon la salida de diplomáticos españoles que estaban en la residencia de la embajadora.

Según un comunicado de la Cancillería mexicana, el cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y la encargada de negocios de la embajada española, Cristina Borreguero, estuvieron más de una hora esperando para poder abandonar la residencia porque la Policía Boliviana impedía el paso de sus chóferes.

Posteriormente, el Ejecutivo español ha negado que sus diplomáticos tuvieran "la intención de facilitar la salida de personas" que se encuentran asiladas.