Polonia y Hungría han presentado este jueves ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acciones contra el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto de los principios del Estado de Derecho en los países.

"Hungría y Polonia interponen acciones ante el TJUE contra el mecanismo de condicionalidad sobre el estado de derecho de los pagos de la UE", ha señalado la corte comunitaria, con sede en Luxemburgo, en su cuenta de Twitter. Un portavoz del tribunal ha indicado a EFE que los dos recursos se presentaron con mucho pocos minutos de diferencia y que ahora se encuentran en fase de registro.

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La UE aprobó en diciembre una regulación que permitirá suspender los desembolsos del presupuesto y el fondo de recuperación para aquellos Estados que no respeten principios como la independencia judicial, la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

Hungría y Polonia, a quienes la Comisión ha expedientado por sus problemas en este sentido, amenazaron con vetar los casi dos billones de euros del plan por su rechazo de este mecanismo, que consideran dirigido contra ellos. Para esquivar el bloqueo, se aprobó una declaración aclarando que la condicionalidad será "justa", "imparcial" y no discriminatoria, y la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices para aplicar el mecanismo y en qué, -en caso de que algún país recurra el texto ante el Tribunal de Justicia de la UE, como Varsovia y Budapest han hecho hoy-, esperar que este se pronuncie para finalizar estas directrices.

El mandato de la Eurocámara

Este mismo jueves, la mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo han pedido a la Comisión Europea (CE) que aplique ya la nueva regulación que permite congelar los fondos. Los eurodiputados, que prevén aprobar una resolución sobre el tema en su pleno de finales de marzo, recordaron al Ejecutivo comunitario en un debate que la regulación entró en vigor el pasado 1 de enero y criticaron que quiera esperar para ponerla en práctica a elaborar directrices sobre su aplicación o a la sentencia de la Justicia europea.

El comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, ha afirmado que están trabajando en unas directrices "sólidas" y "predictibles" para asegurar que el mecanismo sea "justo, transparente y proporcional". Ha confirmado además que, si algún Estado recurre al TJUE, lo que pueden hacer hasta el 15 de marzo, se esperará a la sentencia para finalizar las directrices y que no prevén tomar medidas hasta que estas sean aprobadas.

Hahn ha defendido que se perseguirán todas las violaciones cubiertas por la regulación, pero ha insistido en que "el uso de este instrumento tiene que prepararse con cuidado" para "asegurar que las primeras acciones que se emprendan tienen éxito".

Ha respondido, además, a los eurodiputados que han defendido que el Estado de Derecho depende de la "identidad nacional" que "no hay un Estado de derecho diseñado específicamente conforme con la nacionalidad", sino un único "entendimiento" de aquello que este significa, que es lo recogido en la legislación de la UE.