El Consejo Constitucional francés anuló este jueves una parte significativa de la polémica ley de inmigración, incluido el delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales. Las restricciones al reagrupamiento familiar o la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros figuran también entre las medidas reprobadas. Un total de 37 artículos de la ley, referida a los migrantes extracomunitarios, han quedado anulados total o parcialmente por el Consejo Constitucional, 32 de ellos cuáles por razones formales. 

Los miembros del Consejo Constitucional, que han hecho público su dictamen esta tarde, se han enfrentado al dilema de un examen que es teóricamente jurídico, pero del que se va a hacer una lectura eminentemente política, teniendo en cuenta la dimensión simbólica de esta ley y las consecuencias que puede tener para el resto del mandato de Macron.

Desde hace años, las encuestas han puesto en evidencia que una clara mayoría de los franceses están a favor de un régimen más duro con la inmigración, que consideran excesiva, y en los últimos meses la cuestión de las expulsiones de extranjeros delincuentes ha saltado al debate público de forma recurrente.

Al mismo tiempo, la izquierda consiguió movilizar el pasado fin de semana a decenas de miles de personas (entre 75.000 y 150.000, según las fuentes) contra un texto que considera que supone una ruptura con la tradición francesa de acogida y con algunos de sus principios, como la no discriminación en la protección social.

¿Qué prevé la ley?

El proyecto de ley adoptado por el parlamento en diciembre prevé, entre otras cosas, cuotas migratorias por categoría que se establecerán cada año en un debate de los diputados y senadores o condiciones de residencia legal en Francia durante periodos que van de 2,5 a 5 años para poder recibir muchas prestaciones sociales.

Los permisos de residencia en la nueva ley estarían condicionados a un conocimiento demostrado del francés y al compromiso por contrato del respeto de los principios republicanos y será más difícil obtenerlos para las parejas o incluso menores de nacionalidad francesa.

El dispositivo legal preveía facilitar -al menos teóricamente- la expulsión de los extranjeros que representen una amenaza para el orden público y aquellos contra los que haya una orden de expulsión no podrán beneficiarse de dispositivos públicos como el alojamiento de urgencia.

La derecha vació de contenido uno de los pilares del proyecto inicial del gobierno para facilitar la regularización de trabajadores sin papeles en sectores en los que hay carencia de mano de obra y además se contemplan mayores controles y sanciones para las empresas que contraten a personas en situación irregular.