La Fiscalía ha solicitado este lunes la puesta en libertad, aunque bajo control judicial, del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Ha sido en el marco de una vista en el tribunal de Apelaciones durante la cual Nicolas Sarkozy, que ha intervenido por videoconferencia desde la prisión, ha descrito su estancia en el centro penitenciario como “una pesadilla”. El tribunal decidirá este mediodía si acepta su solicitud de libertad. 

“Quiero agradecer la excepcional humanidad del personal penitenciario, porque ellos han convertido esta pesadilla que es la cárcel en algo soportable”, ha declarado Sarkozy, de 70 años, desde la cárcel parisina de La Santé. Sarkozy, que lleva 20 días en prisión y, ante el tribunal, ha vuelto a denunciar este lunes “una manipulación” en relación con los documentos que implicaban a hombres de confianza de su gabinete con el régimen del difunto dictador libio Muamar el Gadafi, para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales francesas de 2007, que ganó. Sarkozy fue condenado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión por estos hechos.

Nulo riesgo de fuga

El que fue jefe de Estado francés entre 2007 y 2012, ha respondido a las preguntas del Tribunal de Apelación por videoconferencia, acompañado por dos de sus abogados, y mostrando signos de inquietud y de fatiga. Sarkozy  ha declarado a los jueces que no hay riesgo de fuga que justifique su encarcelamiento. Igualmente, ha querido conmover a los magistrados describiendo su estancia en la cárcel como una “pesadilla”. “Es duro, muy duro, ciertamente lo es para todos los presos; incluso diría que es agotador”, ha afirmado  Sarkozy.

A pocos kilómetros de distancia, su esposa, Carla Bruni, dos de sus cuatro hijos (Jean y Pierre) y su hermano François han seguido desde la sala del Tribunal de Apelaciones su intervención. Ante la enorme expectación mediática que ha levantado la vista, las autoridades han confiscado los teléfonos móviles de los asistentes para evitar la captación de imágenes o de sonido.

Nicolas Sarkozy fue condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal por su papel en un plan para financiar su campaña presidencial de 2007 con fondos de Libia a cambio de favores diplomáticos. La Fiscalía lo acusó de haber recibido millones de euros del difunto dictador libio Muamar el Gadafi para la campaña que lo llevó al poder. En septiembre, un tribunal declaró al expresidente francés culpable de asociación delictiva en una conspiración entre los años 2005 y 2007. Lo absolvió de otros tres cargos, entre ellos corrupción pasiva, financiación ilegal de campañas y encubrimiento de malversación de fondos públicos.