Hace un año se puso en marcha un nuevo órgano institucional: la Fiscalía Europea. A lo largo de estos primeros trece meses de funcionamiento, la nueva institución ya ha visto de forma clara cuál es la actitud de España: total desentendimiento de colaboración y nulo ofrecimiento de recursos. Por estos motivos, la Fiscalía Europea ha dado un toque de atención a la española. El organismo que dirige la rumana Laura Kövesi ha reprochado las diversas ocasiones en que el ministerio público le ha complicado las cosas en el momento de investigar diferentes asuntos judiciales.
Algunas de las quejas del órgano comunitario se basan, según ha informado El País, en el caso de la venta de las mascarillas de Isabel Díaz Ayuso a su hermano. En esta confrontación, que la Fiscalía española ya archivó, pero que la europea sigue investigando el caso, tuvo lugar un resentimiento con la falta de acceso a recursos clave. La Fiscalía Europea entonces consideraba que tenía una "competencia preferente" para investigar todos los delitos relacionados con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y reclamó el caso para evitar duplicidades. En este caso judicial, la fiscal jefe de la Fiscalía Europea denunció las trabas a la hora de disponer de datos importantes para sus indagaciones o la desaparición del apoyo de la policía judicial. Según la institución de Kövesi, todo eso comporta actualmente unas grandes dificultades legales para llevar a cabo sus investigaciones.
El malestar de la Fiscalía Europea, probado en unas cartas
Este malestar de la Fiscalía Europea se recoge en unas cartas enviadas el pasado 30 de marzo al comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, y a la ministra de Justicia española, Pilar Llop, con copia a la ya exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. Estas cartas, a las cuales tuvo acceso El País, mostrarían un tono muy duro. Por el contrario, el lenguaje del departamento de Justicia de la Comisión en una últimami carta, remitida el 3 de junio, sería más procurado.
"Los fiscales europeos tienen que tener garantizado el acceso a todas las bases de datos relevantes, igual que los tienen los fiscales nacionales", ha aseverado Laura Kövesi en la primera de las exigencias. Ha ido más allá, para reclamar la necesidad de disponer de "investigadores especializados" dedicados exclusivamente al organismo comunitario, es decir, contar con policía judicial. Finalmente, en el capítulo de falta de recursos materiales, ha solicitado incluso un "soporte administrativo básico y eficiente".
La Fiscalía española rechaza las denuncias de Kövesi
La Fiscalía española habría rechazado las trabas que denuncia el órgano comunitario, según explica el rotativo. Cuando esta institución europea se puso en funcionamiento, en junio del 2021, desde la Fiscalía General se envió una orden a todas las fiscalías de España para que hicieran llegar a los despachos del nuevo órgano de Laura Kövesi los casos que tuvieran abiertos y que pudieran ser potestad de los fiscales de la UE. No eran muchos, aseguran fuentes fiscales, pero se enviaron todos. Con respecto a las críticas por la falta de medios, advierten que la Fiscalía española no tiene recursos propios, como bases de datos o policía judicial, para poner a disposición de los investigadores de la UE.