Las prisiones europeas viven un momento delicado. Actualmente, la población carcelaria se encuentra en cuotas máximas, y en muchos países ya supera el número de plazas disponibles en los centros penitenciarios. En consecuencia, algunos gobiernos han empezado a aplicar nuevas fórmulas para revertir esta tendencia sin tener que recurrir a la construcción de nuevas prisiones. Mientras algunos han optado por reducir las penas a los presos menos peligrosos para que salgan antes, otros prefieren mirar más allá de sus fronteras para recolocar a los reclusos.
El último informe anual del Consejo de Europa sobre masificación carcelaria considera que hay un "problema crítico" en casi un tercio de las prisiones europeas. La media actual es de 95 presos por cada 100 plazas disponibles, cifra que ha ido aumentando en los últimos años. La situación ya se ha desbordado en Eslovenia, Chipre, Francia, Italia, Rumania y Bélgica, donde los presos superan con creces las plazas disponibles para albergarlos. Croacia, Irlanda, Suecia, Hungría, Azerbaiyán, Finlandia, Turquía y Macedonia del Norte sufren el mismo problema de sobrepoblación carcelaria, aunque de forma más moderada.
Plazas de alquiler para países con saturación de reclusos
Ante este alarmante escenario, Dinamarca —que todavía tiene plazas suficientes, pero cada vez menos— ha articulado una solución que ha generado interés en muchos gobiernos europeos: alquilar plazas en el extranjero para recolocar a sus presos. El gobierno de Copenhague ha cerrado un acuerdo con Kosovo —uno de los territorios más pobres del continente— para reubicar a 300 presos en una de sus prisiones. Los reclusos serán todos de origen extranjero, y al cumplir la sentencia serán devueltos a su país de origen. Kosovo, que recibirá 200 millones de euros a cambio de compartir su espacio penitenciario, ha solicitado que los presos no sean de alto riesgo ni sufran enfermedades terminales. Suecia, país que se encuentra inmerso en una espiral de violencia protagonizada por las bandas criminales, estudia aplicar la misma solución, poniendo el foco también sobre la población extranjera. En su caso, Estonia será el destino de hasta 600 presos a partir del próximo año, por un precio de 30 millones de euros. Países Bajos y Finlandia también valoran recurrir a la misma fórmula para paliar la insostenibilidad de sus sistemas penitenciarios.
Una medida que no resuelve el problema de raíz
Con respecto a Francia, uno de los países con el problema más agravado, Emmanuel Macron se ha limitado a decir que "no habrá tabúes" a la hora de dirigir el problema de la sobrepoblación carcelaria. Por su parte, Bélgica, donde muchos de los presos ya duermen en el suelo por la falta de espacio, trata de negociar con Kosovo un pacto similar a lo que ya ha conseguido Dinamarca. Bélgica intentó recurrir a esta alternativa en el pasado, pero el proyecto acabó fracasando. Ante este nuevo intento, las críticas no se han hecho esperar. Muchas voces hablan de "populismo penal" y reivindican que esta clase de experimentos no resolverán el problema, sino que lo exportarán. Paralelamente, el Consejo de Europa también se muestra reticente a adoptar este tipo de medidas, y en su lugar defiende la aplicación de penas más bajas para resolver el problema. Italia es de los pocos países que sigue esta línea, aplicando la libertad condicional, el arresto domiciliario o los trabajos comunitarios para que los presos menos peligrosos acaben de cumplir su condena fuera de los centros penitenciarios. El Reino Unido, en una posición parecida, ha liberado casi a 3000 presos que habían cumplido la mitad de su condena.
De momento, todos los gobiernos que han optado por el alquiler de celdas más allá de sus fronteras coinciden en una cosa: reservan los programas para ciudadanos extranjeros. Algunos críticos ven una asociación entre estas soluciones y las posturas antiinmigración, dado que han triunfado en países donde lo extrema derecha es particularmente influyente. El hecho de que los presos sean deportados en su país de origen una vez finalizada la condena, en lugar de volver al país donde fueron encarcelados, ha sido el principal punto de conflicto, aunque las críticas también se han dirigido contra las condiciones de las prisiones que acogerán los reclusos no deseados. Países como Kosovo tienen poca experiencia acogiendo extranjeros bajo custodia, y las barreras lingüísticas plantean retos evidentes. Si finalmente se materializan los planes daneses, Kosovo tendrá que contratar o reciclar mucho personal penitenciario nuevo y reformar las instalaciones penitenciarias para cumplir con los estándares daneses. Enviar a los reclusos fuera no es fácil, pero, sin duda, es mucho más cómodo para los gobiernos que buscar una solución real al problema de la sobreabundancia en las prisiones.