Erfan Soltani, un manifestante iraní de 26 años, se enfrenta a una posible ejecución este miércoles después de haber sido juzgado y condenado a muerte en un proceso que diversas organizaciones de derechos humanos califican de “extraordinariamente rápido” y carente de garantías. El joven fue detenido el 8 de enero en su domicilio de Fardis, en el norte de Irán, en relación con las protestas que sacuden el país desde finales de diciembre. Según la ONG Hengaw, la sentencia se dictó en solo dos días y la familia fue informada cuatro días después del arresto, cuando la condena ya era firme y la ejecución inminente. Los familiares denuncian que no han tenido acceso al expediente ni posibilidad de apelar la decisión judicial.
El caso ha generado reacciones internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en una entrevista a CBS News que “actuará con mucha contundencia” si las autoridades iraníes comienzan a ejecutar manifestantes detenidos. “No queremos que pase lo que está pasando en Irán… Cuando empiezan a matar a miles de personas. Y ahora me hablan de colgarlos. Ya veremos cómo les va. No les irá bien”, afirmó. El Departamento de Estado norteamericano también se hizo eco de la posible ejecución, asegurando que estaba programada para este miércoles. En una publicación en la red X en persa, denunció que “Erfan ha sido condenado a muerte sin ningún proceso legal ni abogado defensor”.
La familia de Soltani asegura que el joven ha sido privado de sus derechos más básicos, incluido el acceso a asistencia jurídica, a pesar de que su hermana es abogada y se ofreció a defenderlo. “Desde su arresto, Erfan Soltani ha sido privado de derechos fundamentales como el derecho a la defensa y otras garantías procesales”, ha denunciado Hengaw, que ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que se detenga la ejecución.
Organizaciones como Amnistía Internacional alertan de que el régimen iraní podría recurrir de nuevo a juicios rápidos y ejecuciones arbitrarias para reprimir las protestas. Según la red HRANA, la represión ya ha causado más de 2.400 muertos y el arresto de más de 18.000 personas. Paralelamente, el jefe del poder judicial iraní, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, ha prometido juicios “rápidos” y “públicos” para los detenidos. “Si lo que hay que hacer se retrasa dos o tres meses, no tendrá el mismo impacto. Lo que hay que hacer se tiene que hacer con rapidez”, declaró a los medios estatales.
