Estados Unidos ha intensificado este miércoles su presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro con la captura de un enorme petrolero frente a la costa de Venezuela, una operación anunciada por el presidente Donald Trump y ejecutada por diversas agencias de seguridad estadounidenses. La embarcación, llamada Skipper, ya estaba sancionada por EE. UU. desde 2022 por su implicación en una red ilícita de envío de petróleo que habría apoyado a organizaciones consideradas terroristas, como Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

Trump ha calificado el buque como “el más grande jamás confiscado” y ha justificado la operación diciendo que se había llevado a cabo “por muy buenas razones”, aunque no ofreció detalles concretos. Tampoco aclaró qué pasará con el crudo transportado, limitándose a afirmar: “Nos lo quedamos, supongo”. La maniobra, según un alto cargo de EE.UU., tuvo lugar en aguas internacionales y se desarrolló sin incidentes ni heridos, tanto entre el personal estadounidense como entre la tripulación del petrolero.

Medidas para incrementar la presión sobre Caracas

Según fuentes oficiales, la Skipper transportaba crudo venezolano con una primera destinación prevista en Cuba y un destino final en Asia, en una operación intermediada por vendedores cubanos. La confiscación podría ser solo la primera de una serie, ya que Washington estudia nuevas medidas para incrementar la presión sobre Caracas en las próximas semanas.

La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. En un comunicado, Caracas denunció “con firmeza” el acto, que calificó como “piratería internacional”. El texto asegura que la acción revela las “verdaderas razones” de la agresión sostenida contra Venezuela, que, según el ejecutivo de Maduro, no tiene que ver con cuestiones de derechos humanos o democracia, sino con “la riqueza natural del país: el petróleo y la energía”. El gobierno ha anunciado que apelará el caso ante “todos los organismos internacionales existentes”.

El incidente coincide con un momento de tensión política en el país, marcado por la salida clandestina de la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado hacia Oslo, donde aterrizó a pesar de tener prohibido viajar. Paralelamente, los EE.UU. mantienen desplegados miles de soldados y un grupo de ataque naval en el Caribe, y han llevado a cabo múltiples ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, que han dejado hasta ahora 87 muertos.

Mientras las tensiones geopolíticas se intensifican, Cuba –donde la Skipper tenía previsto hacer escala– sufre una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas, con cortes de luz que pueden durar días. El ministro de Asuntos Exteriores cubano calificó la confiscación de “escalada agresiva”, advirtiendo que agravará la situación de un sistema energético ya altamente dependiente de las importaciones de petróleo de países aliados.

La excusa para atacar al petrolero

La trayectoria reciente del petrolero abunda en irregularidades. Según imágenes de satélite y datos marítimos, la nave ocultó su ubicación real mientras estaba atracada en una terminal venezolana, haciendo ver que navegaba cientos de millas más al sur. Las autoridades también han confirmado que el buque portaba bandera de Guyana sin estar registrado allí, y que había visitado puertos de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong e incluso zonas cercanas a la costa iraní en los últimos meses.

Con la confiscación del Skipper, Washington envía una señal clara: la campaña para presionar a Maduro entra en una nueva fase, con acciones más directas y un evidente componente geopolítico que afecta a Venezuela, Cuba y diversos actores internacionales. En medio del silencio de Maduro sobre el incidente, la crisis regional continúa profundizándose.