A las puertas de unas elecciones de medio mandato decisivas para el futuro político de Donald Trump, las declaraciones del fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, no invitan precisamente a la tranquilidad. El máximo responsable del Departamento de Justicia dejó abierta la posibilidad de que el gobierno federal intente impedir que un estado certifique los resultados electorales, a pesar de que se trata de un procedimiento sobre el cual Washington no tiene autoridad. Preguntado por los periodistas el pasado 22 de octubre, según recoge la CNN, Blanche admitió que se podrían imaginar situaciones excepcionales, como un hipotético "escenario apocalíptico", que motivaran una intervención. "No es la intención del Departamento de Justicia, y nunca es nuestra intención, interferir indebidamente en las elecciones o en el proceso de certificación estatal, pero decir que no hay ninguna circunstancia en que lo hagamos nunca, ¡claro que no lo diré!", aseguró. No es una cuestión menor en Estados Unidos, donde la certificación de los resultados electorales ya quedó marcada por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, protagonizado por seguidores de Trump.
El Departamento de Justicia de la administración Trump acumula una serie de actuaciones que han levantado las sospechas de los demócratas, abogados defensores y otros críticos, que cuestionan tanto el momento escogido como las motivaciones políticas que podría haber detrás. Solo durante este octubre, el gobierno federal ha presentado demandas judiciales en Alaska y California relacionadas directamente con las votaciones del martes, ha intensificado una investigación contra la congresista demócrata Ilhan Omar con un registro en su domicilio y ha emprendido varias acciones penales contra figuras vinculadas a antiguas investigaciones sobre Trump y su entorno. Entre estas, destaca la iniciativa fallida para imputar a una antigua asesora de la Casa Blanca que había testificado sobre los esfuerzos del republicano para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.
La batalla de Alaska
Tradicionalmente, el Departamento de Justicia ha sido prudente a la hora de iniciar actuaciones judiciales de gran trascendencia política en las semanas previas a unas elecciones. En Alaska, sin embargo, ha dado un paso en dirección contraria. El 22 de octubre, Washington presentó una demanda ante un tribunal federal para bloquear preventivamente la certificación de los resultados de la reñida carrera por el Senado si el republicano Dan S. Sullivan pierde este martes ante la demócrata Mary Peltola. El gobierno sostiene que operadores demócratas habrían promovido la candidatura de un tercer aspirante, Dan J. Sullivan Jr., con un nombre casi idéntico al del senador, para confundir a los votantes republicanos y provocar que dieran su apoyo al candidato equivocado.
La coincidencia de nombres, sin embargo, no es ninguna novedad en Alaska, un estado de unos 740.000 habitantes. Cuando Dan S. Sullivan consiguió su primer escaño en el Senado, en 2014, el entonces alcalde de Anchorage, llamado Dan Albert Sullivan, concurría a las elecciones a teniente gobernador. A pesar de este precedente, el Departamento de Justicia ha impulsado una intervención judicial excepcional antes de la votación, hecho que ha provocado una respuesta demócrata contundente. El Comité de Campaña Senatorial Demócrata ha calificado la demanda de "farsa", destinada a "anular la voluntad de los votantes de Alaska y robar unas elecciones".
La demanda ha topado con la oposición de las propias autoridades de Alaska, un estado gobernado por los republicanos, que han solicitado que se desestime el caso. Los abogados del Estado sostienen que el gobierno federal no tiene competencias para intervenir en el proceso electoral. "No tienen autoridad para intervenir en las elecciones estatales, y mucho menos para apoyar a un candidato favorito", argumentaron hace una semana ante la jueza federal Sharon L. Gleason. También han defendido que las papeletas ya permiten distinguir de manera clara a los dos candidatos: el senador Dan S. Sullivan figura como titular del escaño y republicano registrado, mientras que Dan J. Sullivan Jr. aparece sin afiliación política.
20.000 votos cuestionados
La ofensiva judicial de la Casa Blanca también ha llegado a California, donde el Departamento de Justicia ha intentado cuestionar la validez de miles de votos pocos días antes de las elecciones. En este caso, el ejecutivo estadounidense recurrió a los tribunales para impedir que las autoridades californianas contabilizaran las papeletas de 20.000 electores, cuya ciudadanía estadounidense cuestiona. La petición, sin embargo, topó el pasado miércoles con el juez federal David O. Carter, que rechazó las acusaciones de la administración por falta de credibilidad y aseguró que "violaban los principios constitucionales". Carter también advirtió de las consecuencias de una intervención de esta magnitud: "Si esta solicitud de última hora fuera concedida, cualquiera de los partidos podría provocar el caos para sus propios intereses e interrumpir el proceso electoral".
Carter, nombrado durante la presidencia de Bill Clinton, fue más allá en su resolución y denunció el carácter excepcional de la iniciativa judicial. Según el magistrado, nunca en la historia de Estados Unidos "el gobierno federal, en vísperas de unas elecciones, ha intentado coaccionar a un gobierno estatal y local para que abandonara sus propios procedimientos electorales constitucionales y se sometiera a la voluntad del poder ejecutivo". También advirtió que, con esta demanda, la administración Trump pretendía que el tribunal "creyera que reina como único soberano". A pesar de la contundencia de la resolución, el gobierno estadounidense anunció inmediatamente que presentaría un recurso contra la decisión.
La resolución de Carter supuso el segundo revés judicial de la semana para Trump en su intento de frenar el recuento de votos en California. El pasado lunes, un tribunal federal de apelaciones del Noveno Circuito ya había rechazado una petición de emergencia del gobierno contra el estado y el condado de Los Ángeles, al considerar que la situación de urgencia alegada por el ejecutivo era "fabricada". Las decisiones judiciales provocaron la reacción del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, que acusó a Trump de intentar perpetuarse en el poder: "El sistema legal de nuestro país se enfrenta a los intentos autoritarios del presidente de mantenerse en el poder sin control ni oposición".
"Campaña de intimidación política"
A los dos casos anteriores se suman los hechos ocurridos el pasado 12 de octubre en el área de Washington DC. Agentes federales registraron el domicilio de la congresista demócrata Ilhan Omar, en el marco de una investigación penal sobre los antecedentes migratorios de su familia y posibles irregularidades en la documentación de inmigración. Omar aspira a revalidar el escaño en la Cámara de Representantes por el quinto distrito de Minnesota, un estado donde más de 127.000 personas ya habían votado anticipadamente en el momento del registro. La demócrata de origen somalí cree que el registro es un intento de "perseguir rivales políticos y usar las fuerzas federales del orden como arma" y denuncia que, después de "diez años" de "mentiras infundadas y campañas de desprestigio" por parte del presidente, esta actuación representa "la escalada más reciente" de una "campaña de intimidación política" desde el Despacho Oval. La congresista es uno de los blancos habituales de los ataques de Trump, que también ha cargado reiteradamente contra la comunidad somalí de Minnesota; no obstante, en este caso, ha asegurado que no tuvo "nada que ver".
Tres semanas después del registro, el Departamento de Justicia todavía no ha revelado los detalles de la investigación. El pasado miércoles, los fiscales solicitaron que se mantuviera bajo secreto la documentación que justificó la orden judicial, después de que más de una docena de medios de comunicación reclamaran su publicación. Consideran que la petición es prematura porque los investigadores todavía examinan las pruebas confiscadas en el domicilio de Omar y no se ha tomado ninguna decisión sobre la presentación de cargos ni sobre las personas que podrían ser acusadas. "Hacerlo público todo ahora pone en peligro la investigación", advirtió Washington.
El voto por correo, blindado
Más allá de las actuaciones contra candidatos concretos o de los litigios sobre el recuento en California y Alaska, Trump ha abierto otro frente que afecta al conjunto del sistema electoral estadounidense: el voto por correo. El presidente defiende que esta modalidad facilita el fraude, permite manipular papeletas y dificulta la verificación de la identidad de los votantes. Bajo estas premisas, la Casa Blanca ha impulsado nuevas restricciones de cara a las midterm, entre las que hay controles federales de ciudadanía y exigencias adicionales para el Servicio Postal en la tramitación de los votos. Las medidas, sin embargo, han desencadenado una batalla judicial y las principales restricciones han quedado bloqueadas. Además, Washington no ha aportado pruebas de fraude electoral generalizado e incluso el mismo Trump ha votado por correo en ocasiones anteriores.
La disputa ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que a mediados de septiembre mantuvo bloqueadas las regulaciones impulsadas por Trump. El alto tribunal rechazó la petición del gobierno de suspender una decisión judicial anterior y desató la ira del presidente, que lo consideró una "gran pérdida para los republicanos". También cargó contra los magistrados en las redes sociales: "Este Tribunal Supremo está siendo acosado y persuadido por la izquierda radical para que tome decisiones que han hecho retroceder a Estados Unidos al menos 100 años".
El caso había aterrizado en los tribunales después de que un grupo de estados gobernados por los demócratas impugnara las medidas, que denunciaban como una injerencia federal en sus competencias electorales. Entre los responsables de la demanda estaba la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que celebró la resolución del Supremo: "El tribunal ha protegido uno de nuestros derechos más fundamentales e inalienables: el derecho a hacer oír nuestra voz en las urnas". James también advirtió que los cambios de última hora habrían podido "sumir las elecciones en el caos" y se mostró aliviada por el posicionamiento del alto tribunal. La decisión deja así en suspenso las restricciones de Trump para estas midterm y sitúa en el centro del conflicto una cuestión que va más allá del voto por correo: hasta dónde puede llegar el poder de la Casa Blanca para intervenir en unos procesos electorales que la Constitución confía principalmente a los estados.