La prohibición del uso de las redes sociales para menores de 16 años en Australia ha situado al país en el centro del debate global sobre la protección de la infancia en el entorno digital. La medida, en vigor desde diciembre pasado, impide a los adolescentes crear o mantener cuentas en las principales plataformas sociales y ha despertado el interés –y la polémica– de gobiernos, empresas tecnológicas y expertos en derechos digitales.

La decisión del ejecutivo australiano responde a la preocupación por los efectos que tienen las redes sociales en la salud mental de los jóvenes. Un estudio encargado por el gobierno concluyó que prácticamente todos los niños de entre 10 y 15 años utilizaban estas plataformas y que una mayoría había sido expuesta a contenidos considerados perjudiciales, como violencia, discurso de odio, misoginia o mensajes que promueven trastornos alimentarios y conductas autolesivas. El informe también señalaba una elevada incidencia de ciberacoso e interacciones inapropiadas con adultos.

La prohibición afecta a servicios como Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, X, YouTube, Reddit, Twitch o Kick. Según el gobierno, se han incluido aquellas plataformas que tienen como función principal la interacción social entre usuarios y la publicación de contenido. En cambio, aplicaciones como WhatsApp, YouTube Kids o herramientas educativas han quedado excluidas. Los menores continúan pudiendo acceder a contenidos en línea que no requieran registro.

Luces y sombras

A diferencia de otras regulaciones, la ley no sanciona ni a los jóvenes ni a sus familias. La responsabilidad recae en las empresas tecnológicas, que se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos si no implementan sistemas efectivos de verificación de edad. Estos mecanismos pueden incluir documentos oficiales, reconocimiento facial o tecnologías de inferencia de edad basadas en el comportamiento en línea.

A pesar de esto, la norma ha recibido críticas por su viabilidad y por los riesgos asociados a la recopilación masiva de datos personales. Diversos expertos han advertido que los sistemas de verificación no siempre son fiables, especialmente en el caso de los adolescentes, y que podrían bloquear usuarios adultos o ser fácilmente esquivados. También se ha cuestionado el alcance limitado de la prohibición, que deja fuera plataformas de videojuegos, webs de citas o chatbots con inteligencia artificial.

A pesar de las reticencias de las grandes empresas del sector, el precedente australiano ya ha comenzado a replicarse. España ha anunciado esta semana una prohibición similar para menores de 16 años, mientras que Francia, el Reino Unido y varios países nórdicos estudian medidas equivalentes. Estas iniciativas reflejan una tendencia creciente: la voluntad de los estados de poner límites a un ecosistema digital que, según muchos gobiernos, ha fallado a la hora de proteger a los menores.