El Reino Unido celebrará un referéndum el 23 de junio para decidir si se queda en la Unión Europea. Así lo ha anunciado el primer ministro británico, David Cameron, después de que ayer se llegara a un acuerdo dentro de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno que se celebró en Bruselas. Después de dos días de intensas negociaciones para evitar la marcha de Londres de la Unión de los 28, se llegó finalmente a un consenso, que según el mismo Cameron, le ayudará a poder defender el Sí a la Unión.
Cameron aseguraba ayer que era un buen acuerdo porque conseguía lo mejor "de los dos lados". Este "status especial" dentro de la UE, definido por el propio Cameron, hará del Reino Unido un lugar "más seguro y más fuerte y mejor" en una Unión "reformada".
El gobierno no es unánime
El primer ministro se ha reunido esta mañana con su gobierno durante más de dos horas, y en sus declaraciones posteriores, Cameron ha asegurado que el gobierno ha mostrado una posición unánime y que todos han acordado pedir el voto por el Sí en la consulta. Pero las voces discordantes dentro del gobierno no se han hecho esperar. El ministro de Justicia, uno de los hombres más próximos a Cameron, ya dijo ayer que salir de la UE garantizaría un "futuro mejor" en el Reino Unido. A estas alturas, hasta cinco miembros de su gobierno ya han anunciado que pedirán votar para salir de la Unión Europea.
Poco para los euroescépticos
El líder del UKIP, Nigel Farage, con solo saberse la fecha de la consulta ya ha empezado la campaña por el No. En su cuenta de Twitter ha afirmado que el 23 de junio es "la oportunidad de oro". "Dejadnos tomar parte en la batalla. Queremos que vuelva nuestro país". También ha dado a entender que no les da miedo la salida de la Unión. "Sabemos exactamente como es la vida fuera de la UE: control sobre las fronteras, tratados de comercio globales, hacer nuestras leyes", ha añadido. "Un futuro excitante".
El punto más controvertido
La máxima preocupación de los líderes europeos era la polémica petición de Londres de eliminar las prestaciones sociales a los europeos que trabajen en el Reino Unido. Una demanda que no sólo quiere el partido del UKIP sino también el ala más conservadora del gobierno britànico, que ven los inmigrantes europeos como una amenaza al Estado de Bienestar.
Finalmente la demanda se pudo saldar con el llamado freno de emergencia. Aunque la libre circulación de trabajadores es uno de los derechos consagrados en el Tratado de la Unión Europea, finalmente Donald Tusk, el actual presidente del Consejo Europeo, propuso un mecanismo para poder bloquear los beneficios sociales a los trabajadores de otros Estados miembros, si se demuestra que se encuentran bajo una presión migratoria excesiva.
Así pues, el Reino Unido no tendrá que pagar determinadas ayudas sociales a los trabajadores que lleven menos de cuatro años cotizando en el Reino Unido y podrá alargar la situación durante 7 años. Londres pedía que fueran 13, 7 más 3 y 3 prorrogables, mientras que los países del Este reclamaban que fueran como máximo 5.
Otros puntos del acuerdo
La UE ha aceptado que Londres no participe de las reformas de los tratados futuros cuando se trate de hacer una Europa más fuerte, pero el acuerdo tampoco podrá comportar ninguna revisión de los tratados que dé derecho de veto a Londres sobre cuestiones de la zona euro. Este último era un punto importante para Francia, que ha sido desde el inicio la más reticente a hacer concesiones.
Otro de los puntos del acuerdo es el llamado child benefit (ayuda infantil), donde Cameron tuvo que rebajar las expectativas. Londres pedia que los nuevos inmigrantes del resto de la UE no recibieran la ayuda que se ofrece a los padres con hijos al cargo, si el niño no vive en el Reino Unido, aunque el padre cotice aquí. Ayer, sin embargo, los líderes europeos pactaron que a partir de ahora se les indexe la cantidad a los niveles de vida del país de residencia del hijo, y que, a los que lo pidan este 2016, se les reduzca el importe durante un periodo transitorio de cuatro años.