El abogado Xavier Abat, conocido por su presencia en redes y su denuncia pública de las deficiencias del sistema judicial, no escatima en palabras: afirma que “la justicia se ha convertido en un cachondeo absoluto” y critica la enorme lentitud y los problemas estructurales que afectan a tribunales y juzgados. Aunque no podemos reproducir literalmente el vídeo enlazado, su argumento encaja con una queja creciente entre profesionales del derecho y usuarios del sistema: la justicia en España es lenta, congestionada y en ocasiones impredecible.
La lentitud de los procesos judiciales: un problema estructural
La justicia española arrastra desde hace años una saturación de casos que dificulta la resolución rápida de asuntos. Según datos recientes, casi cuatro millones de casos están pendientes de resolver, y los procedimientos se han alargado hasta superar los nueve meses de duración media en muchos órdenes jurisdiccionales. Esto ocurre a pesar de que la actividad de los tribunales ha aumentado y se dictan más sentencias cada año.
Esta situación de congestión se traduce en largos tiempos de espera, tanto para juicios civiles como laborales o penales. Por ejemplo, casos ordinarios en jurisdicción civil pueden prolongarse meses más que la media europea, colocando a España entre los países con procedimientos más lentos de la Unión Europea.
No es infrecuente que un ciudadano espere años para ser citado a juicio o para recibir una resolución, lo que provoca frustración y una sensación de indefensión. Esto mismo lo ha experimentado el propio Xavier Abat cuando le trasladaron un juicio para 2027, señalándolo con más de cuatro años de antelación, lo que él consideró “una vergüenza” y una prueba palpable de la lentitud judicial.
La lentitud afecta a todos los ámbitos: civiles, laborales y penales, y puede incluso suponer un retraso perjudicial de derechos fundamentales, como ha señalado el Tribunal Constitucional cuando, en casos de dilaciones excesivas, concluye que se vulnera la tutela judicial efectiva.
Contradicciones, recursos y casos polémicos
Además de la lentitud, la justicia española enfrenta problemas de contradicciones y resultados inesperados en algunas decisiones que alimentan la percepción de falta de coherencia. Un ejemplo conocido —no necesariamente reciente— es el llamado Caso Alsasua, en el que el tratamiento del hecho (agresiones entre particulares y guardias civiles) generó debates sobre si la calificación penal fue apropiada, provocando críticas desde distintas perspectivas por la severidad de las penas y la interpretación de los hechos.
Otro caso que muchos ciudadanos han señalado como “fallo judicial contradictorio” es la anulación de investigaciones por simples errores de procedimiento, como ocurrió con procedimientos relacionados con la causa de los avales de una agencia autonómica, donde una prórroga fuera de plazo terminó invalidando años de investigación.
Estos ejemplos, sumados a los problemas técnicos y organizativos del sistema —como la saturación de LexNet o retrasos administrativos— alimentan la idea de que la justicia no solo es lenta, sino a veces ineficiente y poco predecible.
¿Por qué sucede?
Las causas son múltiples: insuficiente número de jueces y fiscales en relación con la carga de trabajo, falta de recursos modernos y sistemas tecnológicos eficaces, y vacíos de plantilla que todavía persisten tras años de bloqueo institucional del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación estuvo paralizada largos meses.
En síntesis, lejos de ser una exageración, la crítica de Xavier Abat sobre la justicia “convertida en un cachondeo” refleja una preocupación compartida por muchos: un sistema judicial que tarda demasiado, genera incertidumbre y, en algunos casos, produce sentencias que no responden a la expectativa de eficiencia y coherencia que la ciudadanía espera. Resolver este problema exigirá recursos, reformas estructurales y un compromiso sostenido para que la justicia sea verdaderamente rápida, justa y accesible para todos.