El Tribunal Constitucional se prepara para decidir sobre la legalidad del valor de referencia de Catastro, la cifra que Hacienda utiliza para calcular impuestos como el ITP o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El problema es que, en muchos casos, este valor supera el precio real del inmueble, obligando a los contribuyentes a pagar más impuestos de los que corresponderían. Si el Constitucional lo declara inconstitucional, el impacto podría ser enorme, afectando a miles de compradores y herederos en todo el país, que han estado pagando de más durate años.
El origen del conflicto está en los métodos de valoración utilizados por Catastro, denunciados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El sistema actual se basa en un cálculo masivo y automatizado, con parámetros complejos y poco transparentes. Además, se apoya en muestras de mercado limitadas y no tiene en cuenta elementos esenciales de los inmuebles, como la superficie útil, el estado real, la calidad de materiales, las instalaciones o el grado de conservación. Esto provoca que dos propiedades muy distintas compartan el mismo valor de referencia, generando impuestos inflados y situaciones claramente injustas.
Impacto y posibilidades de reclamación
Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el método de Catastro, miles de contribuyentes podrían reclamar la devolución de impuestos pagados de más, incluyendo ITP y Sucesiones y Donaciones. Las devoluciones podrían llegar a cifras considerables, incluso decenas de miles de euros, especialmente en compraventas y herencias. Este fallo supondría un cambio histórico en la fiscalidad inmobiliaria, obligando a Hacienda a ajustar sus métodos y reconocer pagos excesivos de los últimos años.
Los afectados deberían empezar a recopilar documentación que acredite el valor real de sus inmuebles, como tasaciones independientes, contratos de compraventa recientes, certificados catastrales y cualquier informe técnico que demuestre las características reales de la propiedad. Estos documentos serán fundamentales para asegurar las reclamaciones una vez que haya sentencia definitiva.
Una oportunidad histórica para los contribuyentes
La revisión del valor de referencia no es un trámite menor: es una oportunidad para corregir injusticias fiscales que llevan años afectando a compradores, herederos y propietarios. De confirmarse la nulidad del método, Hacienda deberá modificar sus cálculos y adaptarlos a valores reales de mercado, garantizando que los impuestos reflejen la verdadera capacidad económica de los ciudadanos.
En definitiva, la decisión del Tribunal Constitucional puede marcar un antes y un después para la tributación inmobiliaria en España. Miles de contribuyentes podrían recuperar sumas significativas y recuperar la confianza en un sistema que hasta ahora les ha obligado a pagar más de lo justo.