Conseguir una pensión por incapacidad en España es cada vez más complicado y muchos solicitantes están viendo cómo su expediente es rechazado por un detalle que parece menor. El problema no está solo en los informes médicos, sino en una pregunta clave del tribunal médico que está dejando fuera a miles de personas. Si el trabajador afirma que quiere seguir trabajando, la Seguridad Social interpreta que no existe una incapacidad real.
Aquesta situació es repeteix amb freqüència en els processos de valoració de l'INSS. Persones amb patologies greus, dolor crònic o limitacions físiques evidents veuen denegada la seva pensió no perquè puguin treballar realment, sinó per com responen a una pregunta mal plantejada i pitjor entesa.
La pregunta trampa del tribunal médico
Durant l'avaluació, el tribunal mèdic sol preguntar al sol·licitant si li agradaria continuar treballant. Molts responen que sí, bé per honestedat o per por a semblar poc col·laboratius. No obstant això, aquesta resposta és interpretada com una prova que es pot treballar. Per a la Seguretat Social, voler treballar equival a poder fer-ho, i això és suficient per rebutjar la incapacitat.
De este modo, si una persona manifiesta la voluntad de seguir trabajando, el tribunal entiende que no está lo suficientemente limitada como para acceder a una pensión. Da igual que los informes médicos acrediten dolor, limitaciones funcionales o imposibilidad de desempeñar su profesión habitual. No se trata de mentir, sino de expresarse correctamente. La clave no es decir “sí quiero trabajar”, sino explicar que solo se podría trabajar en condiciones físicas adecuadas, algo que no se da en la situación actual. Es fundamental dejar claro que no se puede trabajar tal y como se está ahora.
El motiu pel qual es deneguen milers d'incapacitats
La Seguridad Social ha endurecido el acceso a la incapacidad permanente en los últimos años. El objetivo es reducir el número de pensiones concedidas de forma innecesaria, y esta interpretación estricta de las respuestas se ha convertido en una herramienta habitual para justificar denegaciones. Decir que se quiere trabajar se utiliza como argumento para afirmar que no existe una merma suficiente de la capacidad laboral. El resultado es que personas realmente incapacitadas se quedan sin prestación y se ven obligadas a recurrir a los tribunales.
Los abogados laboralistas insisten en que la incapacidad no se basa en la voluntad, sino en la capacidad real para trabajar de forma continuada y en condiciones normales. En definitiva, no es que la Seguridad Social niegue la incapacidad por querer trabajar, sino que utiliza esa respuesta como prueba de que el solicitante no está tan mal. Un matiz que está costando la pensión a miles de personas y que demuestra que, en estos procedimientos, cada palabra cuenta.