El campo español vuelve a levantar la voz ante una situación que muchos agricultores califican ya de insostenible. Paco, un agricultor dedicado al cultivo de patata desde hace décadas, denuncia que sus productos no encuentran salida en el mercado nacional mientras las grandes cadenas optan por importar patatas desde Israel. El resultado son cosechas enteras que acaban en la basura y precios en origen que no cubren los costes de producción.

Según explica, el problema no es la calidad. Al contrario. Las patatas cultivadas en el campo español cumplen con estándares muy altos, tanto sanitarios como medioambientales. Sin embargo, las grandes distribuidoras priorizan el precio, aunque eso suponga traer el producto desde miles de kilómetros. A los agricultores nacionales, afirma Paco, les pagan apenas 0,17 como precio unitario, una cifra que considera directamente una ruina.

Importaciones baratas que hunden al agricultor local

El agricultor denuncia que competir contra países terceros es prácticamente imposible. Las patatas que llegan desde Israel lo hacen con costes laborales, fiscales y medioambientales mucho más bajos, lo que permite ofrecer precios con los que el productor español no puede rivalizar. El impacto va mucho más allá del bolsillo del agricultor. Cuando no se alcanza un precio mínimo rentable, no compensa ni recoger la cosecha. En muchos casos, como explica Paco, la única salida es tirar toneladas de patatas perfectamente aptas para el consumo. Es durísimo ver cómo el trabajo de todo un año acaba en el suelo.

Además, el agricultor señala que esta situación no es puntual, sino estructural. Cada campaña se repite el mismo patrón con altos costes de producción, precios en origen por los suelos y una distribución que mira hacia fuera mientras el producto nacional se queda sin salida.

Así es imposible que el campo sobreviva

Paco insiste en que el problema no es solo económico, sino social. Si seguimos así, el campo va a desaparecer, advierte. La falta de rentabilidad está provocando que muchos agricultores abandonen la actividad, lo que pone en riesgo el relevo generacional y la soberanía alimentaria. El agricultor también critica la falta de medidas efectivas por parte de las administraciones. Reclama controles más estrictos a las importaciones, cláusulas que obliguen a cumplir las mismas normas que en España y, sobre todo, precios justos en origen que permitan vivir del trabajo en el campo.

Mientras tanto, la paradoja continúa: patatas españolas tiradas y supermercados llenos de producto importado. Los agricutores piden que se compre el producto nacional y que se pague un precio justo. Una reivindicación que resume el malestar creciente de un sector que se siente abandonado y al límite.