Con el auge de los vehículos eléctricos, cada vez son más los propietarios de pisos que desean instalar puntos de recarga en sus garajes. Muchas personas creen que para ello necesitan el permiso de toda la comunidad de vecinos, pero la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) ha simplificado el proceso: puedes instalar un cargador sin necesidad de que la comunidad lo apruebe, siempre cumpliendo ciertos requisitos.
Según la legislación vigente, el propietario interesado debe notificar por escrito al presidente o al administrador de la comunidad su intención de instalar un punto de recarga. Esta comunicación permite a la comunidad estar al tanto de las obras y coordinar aspectos de seguridad y acceso, pero no tiene poder para impedir la instalación. Los gastos de la instalación corren íntegramente por cuenta del propietario que desea el cargador, incluyendo material, mano de obra y adecuación del sistema eléctrico. La comunidad solo debe permitir el acceso a las zonas comunes necesarias para llevar a cabo las obras, garantizando que se cumplan todas las normativas de seguridad y construcción.
Derechos y obligaciones de la comunidad de vecinos
Aunque la LPH protege al propietario que instala un punto de recarga, también establece obligaciones para la comunidad. Por ejemplo, si las obras requieren modificaciones en elementos comunes, como el paso por pasillos, conducciones eléctricas o acceso a la plaza de garaje, la comunidad debe facilitar la ejecución de estas obras. No obstante, los costes adicionales asociados a la instalación del cargador —cableado extra, protecciones, o adaptación del contador eléctrico— deben asumirlos los propietarios interesados.
Además, la normativa contempla situaciones similares en materia de accesibilidad. Por ejemplo, si un vecino necesita instalar un ascensor o rampa para acceder a su vivienda, aunque solo beneficie a un propietario, la comunidad debe colaborar con las obras necesarias en zonas comunes. Esto garantiza que los derechos de movilidad y la modernización de la vivienda se puedan realizar sin trabas, respetando siempre la propiedad privada y el uso común de los elementos del edificio.
Facilitar la transición energética
La LPH, por tanto, busca equilibrar la autonomía de cada propietario con el respeto por los elementos comunes. La instalación de cargadores eléctricos es solo un ejemplo de cómo la ley se adapta a las necesidades actuales, facilitando la transición hacia energías limpias y la movilidad sostenible sin generar conflictos innecesarios en las comunidades de vecinos.
En conclusión, instalar un punto de recarga para tu coche eléctrico es legal y relativamente sencillo: basta con notificar por escrito al presidente o administrador, asumir los costes propios y coordinar el uso de las zonas comunes necesarias. La comunidad no puede impedir la instalación, pero debe garantizar el acceso a los elementos compartidos que permitan realizar la obra de forma segura. Esta regulación refleja un avance en la adaptación de los edificios a la movilidad sostenible, equilibrando derechos individuales y responsabilidad colectiva.