Cada vez más comunidades de vecinos están diciendo basta a los pisos turísticos. Y no es solo una cuestión de convivencia o de hartazgo: la ley les ampara. La Ley de Propiedad Horizontal permite que una comunidad de propietarios pueda prohibir que una vivienda se destine a alquiler turístico si se alcanza una mayoría cualificada. Un cambio legal clave que muchos propietarios todavía desconocen y que ya está provocando el cierre de numerosos Airbnb.
La realidad es que los pisos turísticos generan conflictos constantes en muchas fincas y una sensación de inseguridad que va en aumento. Ante este escenario, el legislador decidió dar herramientas a los vecinos para defender el uso residencial de los edificios.
Lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal
La LPH establece que la comunidad puede limitar o prohibir el uso turístico de las viviendas si así lo acuerdan al menos tres quintas partes de los propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de las cuotas de participación. Es decir, no hace falta unanimidad, basta con que 3 de cada 5 vecinos voten a favor.
Este acuerdo puede adoptarse en junta de propietarios y, una vez aprobado, es plenamente válido y legal. A partir de ese momento, el piso afectado no podrá destinarse a Airbnb u otro alquiler turístico, aunque el propietario no esté de acuerdo. Además, la comunidad también puede acordar un incremento de hasta el 20% en los gastos comunes a las viviendas que se destinen a uso turístico, como compensación por el mayor desgaste de ascensores, escaleras o servicios.
Qué pasa con los Airbnb que ya existen
Si el piso turístico ya existía antes del acuerdo comunitario, puede seguir funcionando solo si la comunidad no decide lo contrario de forma expresa. En muchos casos, las juntas están aprobando acuerdos que no solo prohíben nuevos Airbnb, sino que también vetan los ya existentes. Cuando el acuerdo se adopta conforme a la ley y se inscribe correctamente, el propietario del piso turístico puede verse obligado a cesar la actividad. Los tribunales están avalando este tipo de decisiones siempre que se cumpla la mayoría exigida y se respete el procedimiento legal.
La realidad es que la Ley de Propiedad Horizontal ha cambiado las reglas del juego. Ya no basta con tener licencia turística o anunciarse en plataformas digitales. Si la comunidad de vecinos dice no, y lo hace conforme a la ley, el Airbnb deja de ser viable. Así pues, para muchos edificios, el control del uso turístico vuelve a estar en manos de quienes viven allí cada día.