En muchas empresas se producen cambios de funciones o responsabilidades que, en teoría, suponen un ascenso dentro de la organización. Sin embargo, no siempre estos cambios vienen acompañados de una mejora salarial. Ante esta situación, expertos en derecho laboral recuerdan que los trabajadores cuentan con herramientas legales para defender sus derechos frente a las decisiones injustas por parte de las empresas.
Uno de los puntos clave que mencionan los abogados es el artículo 24 del Estatuto de los Trabajadores, que regula los ascensos dentro de las empresas. Este artículo establece que la promoción profesional debe producirse siguiendo criterios objetivos y conforme a lo establecido en los convenios colectivos o en los acuerdos internos de la empresa.
El ascenso debe respetar criterios objetivos
La normativa laboral señala que los ascensos deben basarse en factores como la formación, los méritos profesionales o la antigüedad, y siempre respetando el principio de igualdad y no discriminación entre trabajadores.
Esto significa que un ascenso no puede depender únicamente de decisiones arbitrarias de la empresa, sino que debe ajustarse a lo que marque el convenio colectivo o las normas internas de promoción profesional. Además, cuando el cambio implica asumir mayores responsabilidades o funciones de una categoría superior, lo habitual es que también se produzca una adaptación salarial acorde con ese nuevo puesto.
Qué pueden hacer los trabajadores en estos casos
Los abogados explican que, si un trabajador comienza a desempeñar funciones propias de una categoría superior pero su salario no cambia, puede revisar si esa situación se ajusta a lo que establece el convenio colectivo aplicable. En algunos casos, la legislación también contempla que el trabajador pueda reclamar el reconocimiento de la categoría profesional superior si lleva tiempo realizando esas funciones de forma continuada. Esto podría implicar tanto el reconocimiento formal del puesto como el ajuste correspondiente en el salario.
Por eso, los expertos recomiendan revisar el contrato, el convenio colectivo y las funciones reales que se están desempeñando. Así pues, si existe una diferencia clara entre el trabajo realizado y la categoría reconocida por la empresa, el trabajador puede recurrir a las herramientas legales previstas en el Estatuto de los Trabajadores para defender su situación laboral.