Un dato demoledor demuestra el impacto de la Unión Europea en la vida diaria de los ciudadanos: la mitad de las leyes aprobadas en España los últimos cinco años vienen de la UE. Aunque a veces las políticas de la Eurocámara nos pueden parecer lejanas, un estudio de la Oficina del Parlamento Europeo en España ha concluido que el 53,6% de las 246 leyes que se han sacado adelante desde el 2019 son fruto de las directrices europeas. En concreto, 132 del total de leyes aprobadas en el Congreso durante este periodo han respetado la hoja de ruta de la última legislatura de la Eurocámara (2019-2024). Este domingo, 9 de junio, más de 400 millones de europeos serán llamados en las urnas para decidir de nuevo la configuración de la Eurocámara. Los diputados elegidos defenderán las políticas que se tienen que llevar a cabo en la UE durante los próximos cinco años.
Según el Ministerio de Asuntos Exterior, Unión Europea y Cooperación, España tiene 55 directrices europeas pendientes de aplicar, la mayoría de las cuales tienen como fecha límite de aplicación los años 2025 y 2026. Dos de estas normativas, relativas a las emisiones de gases contaminantes, sin embargo, tendrían que haberse aprobado antes del 31 de diciembre del 2023; y hay tres más que superaron el límite este año.
Una cincuentena de leyes españolas aplican directamente directrices europeas
Según el informe, elaborado expresamente para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, una cincuentena de leyes españolas responden al mandato de aplicación de reglamentos comunitarios o al traslado de normativas aprobadas en el Parlamento y el Consejo Europeo. Los expertos que han redactado el estudio indican también que las otras 81 leyes aprobadas durante este periodo contienen en su redacción referencias a recomendaciones, programas o iniciativas comunitarias.
La mitad de las leyes que se aprueban cada año responden a normativas europeas
Se calcula que la mitad de las leyes que se aprueban cada año desde el 2019, el inicio del periodo analizado, responden a normativas europeas. La cifra se mantiene estable hasta el 2024. En la actual legislatura, el Gobierno ya ha aprobado dos iniciativas legislativas, y una en concreto se adapta a la regulación europea en los ámbitos de la conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y de personas que ejercen los cuidados.
Todos los años se mantienen en la misma línea a excepción del 2023 cuando, a raíz de la disolución de las Cortes por el adelanto electoral y la disminución de la actividad legislativa, el porcentaje anual de este tipo de normativas con referencias a las directrices de la UE llegó a representar el 72% del total.