Tal día como hoy del año 1907, hace 114 años, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona presidido por el alcalde Domènec Sanllehy i Alrich (del Partido Liberal), aprueba la constitución del cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. Aquel nuevo cuerpo fue creado con el propósito de complementar, a corto plazo; y relevar, a medio y largo plazo a la Guardia Municipal de Barcelona, fundada en 1843 por el alcalde Josep Bertran y Ros (también del Partido Liberal), que al principio del siglo XX se había convertido en un cuerpo policial decadente e inoperativo. Según las fuentes, el año antes de la creación de la Guardia Urbana, de los 850 agentes que formaban parte de la Guardia Municipal, solo la mitad tenían aptitudes físicas para patrullar por las calles de la ciudad.

También las fuentes revelan que el alcalde Sanllehy se negó a disolver la Guardia Municipal y, esgrimiendo cuestiones humanitarias, desarmó y resituó en diferentes áreas del Ayuntamiento a más de 200 guardias que ya no tenían condiciones físicas para ejercer funciones policiales, y mantuvo los 650 restantes en tareas de custodia y vigilancia de edificios y servicios públicos. Simultáneamente, conseguía que la Comisión de Gobernación del Ayuntamiento aprobara la creación del cuerpo de la Guardia Urbana; que como la Guardia Municipal, también estaría bajo las órdenes de la alcaldía. La primera dotación de la Guardia Urbana de Barcelona estaba formada por un jefe, dos oficiales y 196 guardias; que fueron destinados a tareas de control del tránsito rodado en el Eixample.

Pasados catorce años (1921), en un contexto de grandes movilizaciones sociales y en plena ola de violencia a causa del fenómeno de los pistolerismos patronal y sindical, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, presidido por el alcalde Antoni Martínez y Domingo (de la Liga Regionalista) aprobó la unificación definitiva de los dos cuerpos policiales de titularidad municipal; que pasaría a llamarse, únicamente, Guardia Urbana. Con esta medida se pretendía mejorar la capacidad operativa de la policía que dependía directamente de la alcaldía —mejor valorada por la ciudadanía— con el objetivo de frenar la violencia en las calles; y, sobre todo, evitar la salida de la Guardia Civil y el ejército español que reprimían las movilizaciones populares con fuego real.