Tal día como hoy del año 1609, hace 414 años, el rey hispánico Felipe III firmaba el decreto de expulsión de los moriscos del reino de València. La minoría morisca valenciana era descendiente de la población autóctona hispanovisigótica que se había islamizado durante la época musulmana andalusí (siglos VIII a XIII) y de pequeñas comunidades de origen árabe, yemení, sirio, bereber y tuareg que se habían establecido en el país durante la misma etapa histórica. Durante la conquista catalanoaragonesa del territorio (1229-1304), el nuevo poder cristiano había expulsado a la mayoría de la población musulmana, pero la no disposición de efectivos demográficos suficientes para repoblar todos los nuevos territorios, había forzado la permanencia de bolsas de población musulmana dentro de territorio cristiano.

En el País Valencià, esta minoría musulmana quedó establecida, principalmente, en las comarcas del interior, dentro de los grandes latifundios señoriales que el rey Jaime I, durante la conquista, había asignado a la nobleza que había participado en dicha empresa (1229-1304), y en unas condiciones jurídicas y económicas muy deterioradas en relación con la etapa histórica anterior. Aquellos musulmanes fueron nombrados "moriscos" y quedaron como campesinos arrendatarios en una situación de semiesclavitud. Las relaciones con la nueva mayoría cristiana siempre fueron tensas, especialmente después de la Revolución de la Germanía (1519-1523), que enfrentó a las oligarquías nobiliarias y latifundistas del interior con las clases mercantiles y populares urbanas.

En aquel conflicto, la nobleza latifundista reclutó a los moriscos para atacar a los revolucionarios hermanados. Pero lo que provocó su expulsión fue la relación que mantenían con el imperio otomano (el gran rival de la monarquía hispánica por el liderazgo en el Mediterráneo). Se les acusó, a veces falsamente, de colaborar con los corsarios otomanos que asolaban y destruían pueblos de pescadores y campesinos situados en la línea de costa. Felipe III ordenó que fueran desahuciados de sus casas y de sus tierras y embarcados, por la fuerza, en los puertos de Els Alfacs (Catalunya) y de Vinaròs, El Grau de València y Dénia (País Valencià). Salieron hacia el exilio unas 120.000 personas, que representaban la tercera parte de la población del país.