Tal día como hoy del año 1730, hace 293 años, en Madrid, el Consejo de Castilla (el equivalente actual al Consejo de Ministros) publicaba una instrucción que, textualmente, decía: "Se acuerda proceder siempre con reflexión a que siempre sea mayor el número de castellanos en cada sala [en cada sala de un tribunal] que el de naturales; y los fiscales sean siempre castellanos". Esta instrucción formaba parte de una estrategia iniciada durante la ocupación borbónica de Catalunya (1707-1714) consistente en sustituir el catalán por el castellano en la vida pública del Principado. La medida expulsaba a los pocos magistrados catalanes de las salas de justicia (la mayoría se habían exiliado o habían sido depurados), porque tenían un conocimiento muy precario del castellano.

Esta instrucción, también, ponía fin al periodo de gracia o de carencia que el régimen borbónico había impuesto a la justicia en Catalunya de prohibición de la lengua catalana. Durante dieciséis años (1714-1730), conscientes de que el 90% de la población catalana no tenía competencias en castellano, se había tolerado la presencia del catalán en las salas de justicia. Pero con la provisión de jueces y fiscales castellanos en los tribunales del Principado, se pretendía incrementar la efectividad del aparato de represión (la resistencia catalana se había desarrollado con mucha fuerza en las zonas interiores del país), y desterrar definitivamente al catalán del ámbito de la justicia. Para actuar en un juicio como acusado, como demandante o como abogado, se hacía imprescindible tener un conocimiento elevado del castellano.

Aquella medida provocó situaciones tragicómicas: acusados y demandantes que solo hablaban catalán, abogados que a duras penas entendían el castellano, y jueces y fiscales que ni entendían ni querían comprender el catalán. En Catalunya, la instrucción elemental se seguía haciendo, de forma clandestina, en catalán y la práctica totalidad de la población nacía, crecía, vivía, envejecía y moría sin haber tenido nunca contacto con el castellano. Por este motivo, por la práctica totalidad de la población catalana, la justicia española nunca fue justicia, solo fue española. Las declaraciones en falso, las renuncias involuntarias y los perjuicios provocados por aquel caos se convirtieron en fenómenos habituales en las salas de justicia borbónicas de Catalunya.