Tal día como hoy del año 1622, hace 400 años, el Dietario de la Generalitat consignaba que ocho representantes de la institución se habían entrevistado con Joan Sentís i Sunyer, obispo de Barcelona y virrey hispánico en Catalunya; para exigir el paro inmediato de la recaudación del "quinto" y del "derecho" del coronaje; un impuesto destinado a las arcas reales que la Generalitat y la monarquía hispánica pactaban, en Cortes, cada vez que se producía un relevo en el trono. Según la consignación del Dietari, algunos oficiales reales habían exigido este impuesto a algunos consejos municipales —bajo amenaza de incautación de bienes— de forma totalmente ilegal (el rey Felipe IV, que había sido coronado el año anterior, todavía no había convocado Cortes en Catalunya).

En aquel momento hacía poco menos de un año que Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, había sido nombrado ministro plenipotenciario de la monarquía hispánica. Olivares, que pretendía destruir el pacto fiscal entre Catalunya y el poder central, sería el causante de una monstruosa crisis en Catalunya que pondría fin a un siglo largo de crecimiento económico y demográfico. Intentó imponer la "Unión de Armas" una pretendida armonización fiscal, calculada por capitación, que estimaba para Catalunya el doble de su población real. Y el fracaso de aquel proyecto lo llevaría a declarar la guerra a Francia (1635-1659) y a situar el frente principal del conflicto en el Rosellón, con el propósito de arruinar al Principat y provocar la caída de su clase dirigente.

Aquella "saca" provocada por los oficiales reales era un tanteo de la situación que anticipaba los acontecimientos posteriores. Felipe IV, aconsejado por Olivares, no convocaría Cortes hasta 1626. Y aquellas Cortes acabarían con Felipe IV abandonando Catalunya visiblemente contrariado y de forma precipitada, sin haber alcanzado ningún tipo de acuerdo fiscal con los representantes políticos catalanes. No obstante, y a pesar del resultado de la Guerra de Separación de Catalunya (1640-1652/59) —totalmente desfavorable a los intereses de los catalanes— el pacto fiscal estuvo vigente hasta después de la ocupación borbónica del país (1714)—. Con el Decreto de Nueva Planta borbónico (1716-1717) se impuso el régimen extractivo del "Real Catastro", origen del espolio fiscal español en Catalunya.