Tal día como hoy del año 1929, hace 97 años, en Madrid, moría la reina madre María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda del rey Alfonso XII, madre del rey Alfonso XIII y regente de España durante la minoría de su hijo (1885-1902). María Cristina había sido la jefa de Estado que tuvo que firmar el Tratado de París (1898), que ponía fin a la Guerra hispano-estadounidense (1895-1898) y transfería a Estados Unidos las tres últimas colonias españolas de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). María Cristina, junto con el presidente del gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, pasarían a la historia como los gobernantes que pusieron la lápida sobre la tumba del Imperio colonial español en América, creado cuatro siglos antes a partir de los viajes del navegante Colón.
María Cristina había nacido en 1858 y era hija de Carlos Fernando de Austria, primo hermano del efímero archiduque Fernando I de Austria. Por lo tanto, era bisnieta del archiduque Leopoldo II de Austria, tataranieta de la archiduquesa María Teresa I de Austria y nieta de cuarta generación del archiduque Carlos VI, el candidato de los catalanes al trono de las Españas en la guerra de Sucesión hispánica. Fue casada con el rey Alfonso XII en 1879, a los 21 años de edad, después de que el monarca hubiera enviudado por la muerte prematura de su primera esposa, Mercedes (1878). Con Alfonso XII, y antes de que, también, lo sorprendiera prematuramente la muerte (1885), tuvo tres hijos: las infantas María de la Merced (1880) y María Teresa (1882) —que morirían jóvenes y no le sobrevivirían— y el futuro rey Alfonso XIII (1886).
Mientras fue reina regente, siempre jugó un papel secundario y totalmente subordinado a la voluntad de los líderes políticos del régimen “turnista”: el conservador Antonio Cánovas del Castillo y el liberal Práxedes Mateo Sagasta. En la crisis del Tancament de Caixes (1899) —la insumisión fiscal de los comerciantes e industriales catalanes por la presión fiscal discriminatoria en relación con sus homólogos castellanos— no movió ni un dedo, y dejó que el presidente del gobierno español y el ministro de Hacienda —los conservadores Francisco Silvela y Raimundo Fernández Villaverde— desataran una ola de detenciones, encarcelamientos, multas y confiscaciones contra los empresarios catalanes, que tendría su momento culminante con la destitución de Bartomeu Robert, alcalde de Barcelona.